2 de junio de 2013 / 01:23 p.m.

Ciudad de México • El establecimiento de políticas para enfrentar el terrorismo marítimo es una asignatura pendiente para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, sobre todo porque la industria petrolera nacional depende en gran parte de las plataformas en altamar, opinó el capitán de fragata Ricardo Eliseo Valdés, quien ha representado a México como experto en protección naval ante la ONU y otros organismos internacionales.

En un diagnóstico señala que un tema que ha recibido poca atención es la adhesión del gobierno mexicano a dos instrumentos de la Organización Marítima Internacional (OMI) que se han puesto en marcha para combatir a ese ilícito a nivel mundial.

Consideró que México debe sumarse al Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad en la Navegación Marítima y su Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas, conocidas conocidos por la comunidad naval como Protocolos SUA 2005.

El maestro en Ciencias de Seguridad Marítima y Protección Ambiental sostuvo que estos acuerdos son de particular importancia para la protección de la industria petrolera mexicana, pues 90% de la energía primaria que se consume en México proviene de los hidrocarburos, principalmente de la Sonda de Campeche.

Indicó que aún cuando los Protocolos SUA 2005 entregaron en vigor internacionalmente el 28 de julio de 2010, el Estado mexicano aún no es parte contratante de éstos a pesar de que el gobierno tiene la capacidad para adherirse a esos nuevos instrumentos para combatir el terrorismo marítimo.

"La adhesión del gobierno de México a estos esquemas internacionales es de particular importancia para la protección de la industria petrolera marítima nacional por considerarse el factor fundamental de la economía del país".

"La efectiva implantación en el país de estos instrumentos internacionales no depende de una sola institución, sino del trabajo conjunto con las dependencias de la administración pública federal con atribuciones en esta materia", agregó en su análisis publicado en la Revista de la Secretaría de Marina Armada de México.

Valdés afirmó que la Ley de Seguridad Nacional considera como una amenaza los actos ilícitos contra la navegación marítima, por lo que en este sentido "una asignatura todavía pendiente que es necesario considerar para la administración 2012-2018 es la adhesión del gobierno de México a los Protocolos SUA 2005".

Señaló que como resultado de actos ilícitos a escala mundial, la OMI estableció un Plan Estratégico para el periodo 2010-2015 con una nueva misión que incluye el término de “protección marítima” (maritime security), el cual no aparecía anteriormente como parte de las atribuciones de este organismo internacional.

IGNACIO ALZAGA