28 de junio de 2013 / 12:22 a.m.

 Chilpancingo de los Bravo • La regidora Sofía Lorena Mendoza solicitó al Congreso local la revocación de mandato del alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez, por la presunta vinculación que pudiera tener con el asesinato de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román, líderes de la Unidad Popular (UP) asesinados el pasado 3 de junio.

También propuso la integración de una comisión especial de diputados locales, que tengan la encomienda de exigir el esclarecimiento del caso, ya que hasta el momento la Procuraduría General de Justicia (PGJ) no reporta avances en las investigaciones.

“Venimos a presentar un escrito para pedir la revocación de mandato del alcalde José Luis Abarca Velázquez”, señaló la regidora en las instalaciones del Poder Legislativo.

Consideró necesario que la Cámara de diputados locales retome el asunto y lo analice a detalle, por el impacto que el caso tuvo a partir de los señalamientos que existen en contra del primer edil.

Recordó que existe una denuncia de hechos que los tres dirigentes asesinados presentaron en contra del primer edil, entre otras cosas porque ya habían sostenido varias discusiones con él y temían ser víctimas de una agresión que pusiera en peligro sus vidas.

Comentó que ella y los dirigentes de la UP todavía no han presentado una denuncia formal con la intención de que los diputados tengan la oportunidad de revisar el caso, por la situación de violencia que actualmente se vive en dicho municipio de la región Norte de Guerrero.

Sofía Lorena se presentó en las instalaciones del Congreso local con una petición por escrito que inicialmente dirigida a la fracción parlamentaria del PRD, instituto político del que fueron militantes Arturo Hernández Cardona y sus compañeros.

El documento contiene una petición a los integrantes de la LVI Legislatura local, plantea que en caso de que se requiera se integre una comisión especial para retomar la investigación del caso, que comenzó con el levantón de 8 luchadores sociales el 30 de mayo y el asesinato de tres de ellos el 3 de junio.

Aunque cinco activistas de la UP lograron escapar de sus captores, huyeron de Iguala y no pueden regresar por temor a que se les asesine, ya que identificaron a los agresores.

La regidora lamentó que hasta el momento la Procuraduría General de Justicia (PGJ) no haya esclarecido el hecho, por lo que visitó a los integrantes de la fracción parlamentaria del PRD y les solicitó que retomen el caso y no lo dejen en el olvido.

Pidió que haya determinación en el tratamiento del asunto, ya que mientras no se sancione a los responsables estos se asumirán como impunes y las agresiones contra dirigentes sociales continuará.

— ROGELIO AGUSTÍN