25 de mayo de 2013 / 04:27 p.m.

 Monterrey • En menos de dos semanas, un problema técnico con repercusiones sociales se transformó en pugna política que de ser atendida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ahora pasó a manos de la Secretaría General de Gobierno.

Por distintos frentes, el estado ha sido bombardeado por dificultades inherentes al transporte, un rubro que si bien nunca marchó sobre ruedas, sólo se discutía cada fin de año cuando se llegaba el tiempo de analizar las tarifas.

El pasado jueves 9 de mayo, mediante un desplegado en Milenio Monterrey, los empresarios del transporte amagaron con suspender el descuento del 50 por ciento por transbordo, bajo alegatos de que sus finanzas estaban al borde del colapso por este beneficio, acordado en diciembre durante la revisión anual.

Lejos de evadirse, el estado respondió en forma contundente: aquellas unidades que no respetaran el descuento, serían multadas y, en algunos casos, retiradas de la circulación, advirtió ese día el director de la Agencia Estatal del Transporte, Víctor Manuel Martínez.

A fin de evitar que la sangre llegara al río, el domingo 12 ambas partes acordaron en la raya darse un plazo de 10 días para analizar el problema, buscar una solución y evitar con ello una afectación directa al bolsillo del usuario.

Pero el período de gracia fue en vano: pese a las negociaciones diarias, los empresarios no cesaron en su intención de conseguir un incremento del 20 por ciento a la tarifa de castigo, lo que entrampó el diálogo porque el estado no cedió ante la presión consiente del costo político y social que implicaría elevar de 10 a 12 pesos el costo del boleto.

La noche del 22 de mayo los transportistas anunciaron que, a falta de acuerdos, suspenderían el descuento por transbordo a partir del día siguiente, lo que activó operativos de la Agencia Estatal del Transporte, que culminaron con 105 multas por un monto superior a los 2 millones de pesos.

Todavía ayer la discusión se mantuvo en la arena política, con Álvaro Ibarra, secretario general de Gobierno, al frente de las negociaciones.

En medio de esta polémica con los empresarios, la administración estatal vio como un nuevo frente de combate se abría en el Congreso local, donde los panistas lograron imponer por primera vez su mayoría ganada en las pasadas elecciones.

Junto al PRD y el diputado independiente Erick Godar, los diputados del PAN aprobaron reformas a la Ley del Transporte, que regresan al Legislativo la facultad de aprobar las tarifas del transporte urbano, potestad que todavía se encuentra en manos del gobernador del estado.

La amenaza de veto no se hizo esperar, pues la Consejería Jurídica inició un análisis sobre las implicaciones de la reforma, que también podría ser llevada a una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia.

Si lo anterior no fuera ya suficiente, un problema también aguarda a futuro, la reestructuración del transporte obligada por la construcción de la Línea 3 del Metro.

El proyecto implica sacar de la circulación 291 unidades correspondientes a 15 rutas de avenidas como Rómulo Garza, Diego Díaz de Berlanga y López Mateos, situación que el propio estado ya reconoció mantiene “preocupados” a los empresarios.

Como en toda historia, el colofón lo puso el autotransporte de carga, cuyo presidente Roberto Díaz criticó durante la semana la falta de un libramiento que permitiera al tráfico pesado no circular por la ciudad, un reclamo que no aguanta más demora después de los accidentes fatales registrados.

Pese a todo, funcionarios estatales han confesado que mejor es lidiar con los transportistas que con muertos en las calles.

— LUIS GARCÍA