26 de mayo de 2013 / 02:24 a.m.

Villahermosa Centro • El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, dijo que los 88.5 millones de pesos decomisados el miércoles y que fueron trasladados este sábado a una sucursal de Banjército podrían ser utilizados en procuración de justicia, seguridad pública y programas sociales si queda en manos de la entidad.

El mandatario indicó que en el marco de las investigaciones que se realizan aún está por definirse si pasarán a manos de la Federación o del estado de Tabasco, aunque se dijo respetuoso de lo que indica la Ley de Bienes Asegurados.

“Están, digamos, resguardados en tanto se dilucida la situación jurídica de este dinero que todo apunta que es dinero ilegal pero tiene que dirimirse el juicio correspondiente”, señaló. “La propia ley establece el modo que en su oportunidad evaluaremos” agregó.

Núñez se pronunció por analizar qué prioridades hay “pero puede ser labor social fundamentalmente”, en caso que quedara a disposición del estado.

Entrevistado al término de la protesta a los integrantes del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Asociaciones de Discapacidad, Núñez indicó que si fuera necesario se realizaría en Tabasco una consulta a la sociedad para saber en qué utilizar el dinero.

De nuevo, el mandatario tabasqueño rehusó hablar de las investigaciones en contra de su antecesor, el priísta Andrés Granier Melo, así como del ex titular de Finanzas, José Saiz Pineda, asegurando que esto es competencia de la Procuraduría.

Se espera que este domingo la dependencia anuncie cuándo será citado a comparecer el ex gobernador Andrés Granier, en su calidad de indiciado, por el decomiso de los 88.5 millones de pesos en una casa de la ranchería Lomitas, en el municipio de Nacajuca, propiedad del ex subsecretario de Egresos, Miguel Ángel Contreras, también indiciado.

El ex tesorero José Manuel Saiz Pineda está acusado de ser el propietario del dinero. Hasta ayer, la orocuraduría no había recibido ninguna solicitud para iniciar una investigación por la supuesta tortura en contra de Marlees Cupil López y Javier Hernández Hernández, secretaria de Saiz y vigilante del dinero, quienes argumentan que fueron torturados para ubicar el lugar donde se encontraban las cinco cajas de cartón en las que venía la suma asegurada.

Mientras tanto, la procuraduría trasladó este sábado a las 3:11 de la tarde en nueve cajas los 88 millones 560 mil 134 pesos decomisados a la sucursal del Banjército, de esta capital.

El traslado, en el que participaron elementos del Ejército y la Policía Ministerial, duró trece minutos, al mando del director de Investigaciones de la Procuraduría, el teniente Edgardo Cedillo González. Las cajas con dinero en efectivo iban en una camioneta tipo Suburban de la Procuraduría, la cual fue custodiada por cinco vehículos con agentes ministeriales y del grupo de reacción inmediata, además de un camión de soldados.

Acudieron también el notario Heberto Taracena Ruiz y la agente del Ministerio Público, Luz Pardo Cruz.

“Estamos aquí con el notario público, voy a proceder a abrir la camioneta donde vienen las nueve cajas y con el personal de la Procuraduría la trasladaremos al interior del banco, están (representantes) de bienes asegurados, Finanzas y el notario”, indicó Pardo al iniciar el traslado del dinero.

La agente Pardo Cruz dijo que el dinero se puso a resguardo en el banco pero será hasta el lunes cuando se realice otra diligencia para cotejar que en efecto está ahí lo que certificaron los seis peritos de la Procuraduría General de la República.

El procurador, Fernando Valenzuela Pernas, únicamente apareció en el estacionamiento de la Procuraduría cuando los agentes terminaron de cargar las cajas en una camioneta Suburban blanca, sin emitir declaraciones.

Antonio Villegas