27 de marzo de 2013 / 03:25 a.m.

La actual legislación permite que los fideicomisos y organismos públicos descentralizados no rindan cuentas sobre sus pasivos adquiridos, por lo que se plantea que ahora estén supeditados al permiso del Congreso estatal.

 Monterrey.- • La bancada del PAN en el Congreso del Estado propuso una serie de modificaciones a la Ley de Administración Financiera a fin de evitar que los organismos descentralizados y paraestatales puedan seguir endeudándose sin permiso de los diputados locales.

La intención es acotar la estrategia que el actual Gobierno del Estado ha implementado de adquirir deudas de manera indirecta a través de estos organismos como Agua y Drenaje de Monterrey, el Instituto de Control Vehicular y, a últimas fechas, también la Red Estatal de Autopistas, que suman una deuda de 18 mil 480 millones de pesos.

Fue el diputado local Alfredo Rodríguez Dávila, quien presentó esta iniciativa que implica reformas a los artículos 124, 127, 129 y 159 de la Ley de Administración Financiera del Estado.

Rodríguez Dávila aseguró que, en la administración del priista Natividad González Parás, se abrió la puerta a los fideicomisos y organismos descentralizados, al no exigirles cuentas por parte del Gobierno central.

“La crisis financiera inició cuando se modificó la Ley de Administración Financiera para ponerle a modo al entonces gobernador Natividad González Parás, la forma de sacarle la vuelta a la rendición de cuentas y que se puedan endeudar sin límite”, aseguró Alfredo Rodríguez.

Afirmó que el Estado se encuentra en crisis debido a que el Gobierno le quita el apoyo financiero a las diversas dependencias para pagar la deuda, por lo que hay crisis en diversas áreas, como educación, salud y seguridad.

“Ante lo inminente de corregir las finanzas públicas, conseguiremos los 22 votos para que nuestra propuesta sea aprobada en el seno del Congreso y se le pida cuenta a estos organismos”, dijo.

Actualmente, la legislación señala que las deudas que sean adquiridas por los fideicomisos y por los organismos públicos descentralizados no tienen que ser autorizadas por el Congreso del Estado, a diferencia de las que solicite directamente el Gobierno del Estado.

Además, la Ley de Administración Financiera del Estado señala que los pasivos adquiridos por estos organismos no representan deuda directa para el Gobierno del Estado, por ello se habla de una deuda directa de 38 mil millones de pesos y una total de 49 mil millones de pesos.

REYNALDO OCHOA