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Protegerán a ciudadanos que denuncien actos de corrupción

El esquema contempla reservar la identidad de quien denuncie malos manejos, así como su colocación en otro puesto si labora en Gobierno

México

Monterrey.- ? Después de dos años de espera, finalmente el Gobierno del Estado echó a andar una serie de reglas para facilitar e incentivar las denuncias por malos manejos en la administración, así como para cuidar la identidad y seguridad de quien acuse directamente a funcionarios.

Los ciudadanos o funcionarios que denuncien actos de corrupción de autoridades estatales gozaran de protección especial, que va desde el resguardo de sus datos personales hasta seguridad policiaca de ser necesario.

El pasado 30 de agosto, la Contraloría de Nuevo León publicó en el Periódico Oficial del Estado los Lineamientos para el Otorgamiento de Medidas de Protección, como una forma de incentivar las denuncias contra malos servidores públicos.

?(La medida de protección es una) orden dictada por la Contraloría, orientada a proteger la integridad física y los derechos de las personas que han denunciado actos de corrupción o han comparecido como testigos?, refiere el documento.

De esta manera, la administración estatal tardó casi dos años en emitir estos criterios, pese a que desde 2011 se anunció la implementación de un plan para combatir y prevenir los malos manejos en las diferentes dependencias del estado, e incentivar las denuncias mediante un esquema de protección los acusadores encaminado tanto para ciudadanos en general como para funcionarios que detecten anomalías de sus jefes o compañeros.

Fuentes de la administración consultadas explicaron que en primera instancia, los denunciantes tendrán a salvo su identidad y datos generales.

Si el promovente es un funcionario público, podrá solicitar un cambio de puesto dentro de la estructura estatal, en tanto que los ciudadanos obtendrían órdenes de restricción e incluso una vigilancia policiaca, siempre y cuando la situación así lo amerite.

Para acceder a este beneficio, las personas deberán presentar una solicitud que contenga el nombre completo de la persona, dirección y teléfono, datos de la denuncia y el carácter con que interviene, además de información que valide la presunción de riesgo.

La Contraloría integrará el expediente en un plazo no mayor a 3 días, y en un plazo similar determinará en forma definitiva si el ciudadano requiere alguna medida de protección para salvaguardar su integridad.

Para valorar la situación, se tomará en cuenta la naturaleza y gravedad del caso, los vínculos entre el solicitante y la autoridad señalada, los antecedentes del caso y también los del servidor público objeto de la denuncia.

En todos los casos, las medidas de protección tendrán un carácter temporal, e incluso podrán ser levantadas a discreción de la Secretaría de la Contraloría cuando se determine que el peligro de represalias para el denunciante ha terminado.

Se advierte que con este beneficio no se considerara un pago por la denuncia presentada, y los servidores públicos encargados de brindar protección a las personas tienen prohibido recibir algún pago o dádiva.

Desde el 26 de octubre del 2011 entró en vigor el decreto que establece el Plan Anticorrupción del Gobierno de Nuevo León, pero desde entonces quedó pendiente la expedición de lineamientos para proteger a quienes entregaran pruebas de anomalías en la administración estatal.

Con la publicación de los lineamientos en el Periódico Oficial del Estado, oficialmente entran en vigor estas medidas y quien presente una denuncia por casos de corrupción dentro de la administración estatal, podrá gozar de estos beneficios y garantías de protección.

Claves

Por si acaso...

-Los lineamientos se publicaron el 30 de agosto en el Periódico Oficial del Estado, con lo cual entra en vigor la normativa para las denuncias contra funcionarios públicos por corrupción.

-Sin embargo, el decreto para el Plan Anticorrupción data de casi dos años atrás, pues se dio a conocer desde octubre de 2011 sin que establecieran estos criterios.

-Las medidas de seguridad pueden llegar en casos extremos a vigilancia de elementos policiacos, de considerarse en riesgo grave la integridad de la persona que denuncia.

 

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