MARILÚ OVIEDO
25 de mayo de 2013 / 12:52 a.m.

Monterrey • Durante la sesión de las Comisiones Unidas de Legislación y Justicia del Congreso local, fue aprobado por unanimidad el proyecto de ley para incentivar la denuncia de actos de corrupción de servidores públicos y su correspondiente plan de acción, la cual se espera que sea aprobada en Pleno la próxima semana.

El diputado Francisco Cienfuegos, explicó que a través de la misma se otorgan garantías al funcionario público que denuncie un acto de corrupción por parte de un superior u otro compañero laboral.

Dicha iniciativa fue presentada el año pasado por el gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz y de aprobarse sería la primera ley a nivel nacional.

"Una nueva ley completa que el gobernador de Nuevo León envío al congreso, el licenciado Medina de la Cruz y otra por los diputados de Acción Nacional, es un trabajo en conjunto que sin tintes partidistas y con el ánimo de poder nosotros fijar responsabilidades a quien está cometiendo los actos de corrupción pueda tener a quien lo denuncie la certeza de un anonimato y se le van a guardar sus garantías y su trabajo actual y otra al ciudadano que tenga una manera de denunciar penalmente", expresó Cienfuegos.

Del mismo modo fue aprobada la reforma a los artículos 144 y 182 bis del Código Penal en relación al pago por reparación del daño cuando se den homicidio derivado del transporte público.

A través de la misma el responsable del accidente será quien proporcione la indemnización conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, el cual deberá ser proporcional a la necesidad de la víctima.

Los legisladores también realizaron otra mesa de trabajo este viernes, se trató de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, donde se avalaron por unanimidad reformas al artículo 182 bis, a través del cual el ciudadano podrá tener una figura de "usuario simulado", es decir, podrá denunciar un acto de corrupción por parte de un funcionario público de cualquier nivel de gobierno u organismo descentralizado.

Por ejemplo, explicó el diputado panista Luis David Ortiz, quien fue uno de los que presentó la iniciativa en junio del año pasado, que si un ciudadano es presionado con dinero a cambio de un agilizar un trámite, puede prestarse al moche, y denunciar al funcionario ante el Ministerio Público durante los primeros 60 días para no ser coparticipe y tener una causa de ex culpabilidad.

"Si ese ciudadano aportó desde el principio y la autoridad ni siquiera conocía del hecho, ahí si tiene el mayor beneficio que es la causa de ex culpabilidad y tiene 60 días de plazo, después de esto se hace coparticipe, entonces hay un incentivo a denunciar porque si yo digo, yo lo denuncio hay una causa de ex culpabilidad y a mí no me van a venir con que yo le di dinero.

"Es un empoderamiento del ciudadano y la carga debe de ser del funcionario público no del ciudadano, el funcionario es el que debe desempeñarse de manera recta y no estar coaccionando o presionando al ciudadano de car en actos de corrupción", dijo.