16 de junio de 2013 / 07:43 p.m.

Ciudad de México • El coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Barbosa, instó a las autoridades judiciales a reunir las pruebas legales contra el ex gobernador tabasqueño Andrés Granier para asegurar un procedimiento apegado a derecho, pues si hubiere una mala integración ministerial, "el proceso se puede caer en beneficio de los infractores".

"Deben evitarse las historias de procedimientos penales armados a modo, con pruebas mal sustentadas con toda deliberación y dirigidas a apagar provisionalmente la indignación colectiva, y que finalmente permiten a los implicados regresar a la vida social", puntualizó.

Barbosa demandó juzgar los actos de corrupción de Granier y evitar su impunidad, pero sobre todo garantizar la reparación del daño económico infligido a la sociedad tabasqueña.

En un comunicado de prensa, subrayó que las instituciones de procuración de justicia "tienen las atribuciones para determinar medidas cautelares y asegurar los bienes que pudieran ser resultado de la desviación de recursos públicos, de tal forma que en el momento procesal correspondiente se pueda reparar el daño causado y el dinero se destine a las personas más desprotegidas".

El senador por el estado de Puebla sostuvo que la indignación generada por el caso del ex gobernador Granier es de tal envergadura que hoy por hoy ningún actor político, ni de su propio partido, ha salido a defender al ex mandatario ni a sus colaboradores.

Por ello, dijo, en el desfalco a las finanzas de Tabasco debe llegarse a fondo y sancionar a los responsables, pues la mayoría de los casos de corrupción en México se quedan a nivel de escándalo y nunca existe un castigo para quienes los cometieron.

Agregó que el combate a la corrupción merece mucho más que simples declaraciones o deslindes políticos.

"Más allá de la condena, el saqueo a los recursos públicos, la falta de resarcimientos de los mismos y de reparación del daño económico infligido, lastiman a la sociedad mexicana", indicó.

Barbosa remarcó que en diversas ocasiones no se llega a las sentencias condenatorias para sancionar eficazmente a los servidores públicos responsables de causar un daño a las finanzas públicas y a los programas gubernamentales.

Como ejemplo de ello citó el caso de Raúl Salinas de Gortari, donde a pesar del proceso penal, no se llevó a cabo la reparación económica del daño.

FENANDO DAMIÁN