11 de enero de 2013 / 01:41 a.m.

Cancún.- El Comité Ciudadano de Transparencia estableció en un informe dado a conocer hoy que la expresidenta interina Latifa Muza Simón, aparece como responsable de haber autorizado la desviación de 163 millones de pesos, del crédito de 229 millones autorizado por el Congreso estatal.

Maximiliano Vega Tato y Raúl Arjona Burgos, a nombre del comité integrado por la sociedad civil, para investigar el destino de millones de pesos y las causales de la ruina económica de la comuna, que hace diez años era considerado uno de los tres municipios con mayor solvencia del país, con San Pedro Garza García en Monterrey y Naucalpan, en el Estado de México.

En un informe difundido hoy, los miembros del Comité cuestionan también al actual presidente municipal, Julián Ricalde Magaña, por haber demorado más de dos años en denunciar los hechos, a pesar de que cuando asumió el cargo advirtió que el municipio estaba prácticamente en bancarrota.

El Comité mencionó que trató de hablar con la regidora Muza Simón para aclarar los hechos, pero ella se negó a recibirlos. Por otro lado, el alcalde Julián Ricalde Magaña, quién en público se comprometió a apoyar la indagatoria, dictó instrucciones para que no se proporcionara información a la comisión ciudadana.

Irónicamente señalan que "el extesorero, Carlos Trigos Perdomo, recluido en la cárcel de Cancún bajo proceso por peculado, fue quién ofreció al comité entregar toda la información en su poder.

"El quebranto al municipio es una danza de millones, evidente en cientos de facturas, recibos y cheques, que debe armarse con paciencia y rigor para establecer el destino de esos cuantiosos recursos, si bien existen evidencias de una red de complicidades en la que aparecen prominentes funcionarios del municipio", señaló Vega Tato.

El informe del Comité establece también responsabilidad del Órgano Superior de Fiscalización y la exdiputada presidenta de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, Laura Lynn Fernández Piña, quienes según el artículo segundo transitorio de la legislación establece que ambos "debieron verificar el manejo del crédito y su aplicación correcta".

Además ambos debieron formular observaciones y realizar visitas y auditorías mensuales para verificar el manejo real del crédito, una de sus principales responsabilidades".

El incumplimiento de Laura Fernández y del Órgano de Fiscalización, al omitir sus responsabilidades, abrieron la puerta para que los fondos del municipio fueran saqueados, indica el informe.

El doctor Arjona Burgos dijo que Julián Ricalde debe explicar elementos que lo comprometen como el hecho de haber demorado dos años para presentar la denuncia, También lo debe hacer su suplente interino, Jaime Hernández Zaragoza y su predecesor Gregorio Sánchez Martínez.

Si el municipio mantiene su postura de negar información, anunciaron que recurrirán al Instituto de Transparencia. Vega Tato explicó que el trabajo es voluntario, "nadie nos paga, a nadie tenemos que rendir cuentas, solo a la ciudadanía de Cancún".

Aclararon que no presentarán denuncia penal, solo se busca aclarar quien o quienes se beneficiaron con el crédito de 229 millones autorizado por el Congreso con el decreto 166, que especifica que debió destinarse a la realización de 18 obras públicas que no se hicieron o quedaron a medias.

"Posteriormente serán los ciudadanos a través de sus representantes quienes decidan la sanción a que deben ser sometidos los saqueadores", indicaron.

En el comunicado se indica que no está claro el destino del resto de los 229 millones 600 mil pesos es oscuro. La tarea hoy es ver a donde fueron a parar 163 millones restantes, indicaron.

Según el informe, el Congreso publicó el 18 de septiembre de 2009 el decreto 166 en el Diario Oficial del Estado y estableció que el préstamo sería pagadero en diez años, con la garantía de los ingresos municipales por participaciones federales.

El 28 de diciembre de 2009 el municipio de Benito Juárez celebró el contrato de apertura de crédito con Banorte por la cantidad autorizada.

El 14 de abril de 2010, cuando Gregorio Sánchez ya no era presidente municipal, el Ayuntamiento recibió el total del crédito: 229 millones, 656 mil 192.28 pesos, en la cuenta Banorte 0638275250 abierta exprofeso para depositar el crédito.

Quince días después, el 30 de abril de ese año el dinero fue traspasado de Banorte a la cuenta HSBC 4041784919 por 223 millones 283 mil 192.28 pesos, ya que Banorte descontó seis millones por comisiones de apertura de crédito.

La contraloría del municipio, al parecer por orden de la presidenta interina, Latifa Muza Simón destinó esa cuenta HSBC 40417984919 por 223 millones 283 mil 192.28 pesos para operaciones de gasto corriente.

Esta medida –indica el documento-- constituye una grave irregularidad debido a que los recursos de inversión vienen "etiquetados" y deben manejarse en cuentas especiales y no mezclarse con recursos de otro origen.

El doctor Arjona Burgos exhibió un desplegado publicado por el Ayuntamiento y firmado por Ricalde Magaña hace dos años en donde se detalla el nombre de las empresas y los montos pagados a cada una de ellas.

Ese documento indica que la comuna recibió 229 millones 656 mil 192.28 pesos, seis millones fueron descontados como comisión. El 9 de abril de 2011 habían sido pagados 60 millones 722 mil 863 pesos y había un faltante de 162 millones 560, 328.66 pesos.

El informe de Ricalde indica que el monto pagado hasta el 9 de abril de 2011, fue de 23 millones 529 mil 776.63 pesos en saldos pendientes por amortizar, o sea, que "se trata de obras pagadas pero no ejecutadas".

FERNANDO MERAZ