ROGELIO AGUSTÍN ESTEBAN
15 de junio de 2013 / 01:26 a.m.

Igualapa • El cabildo de Iguala asumió el control de las instalaciones del Palacio Municipal de Iguala, a dos semanas del levantón de tres líderes de la Unidad Popular (UP) que derivó en el asesinato de los mismos.

Durante prácticamente toda la jornada del viernes, personal de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), así como peritos de la Contraloría General del Estado recorrieron las instalaciones del ayuntamiento de la cuna de la bandera, estuvieron acompañados por parte del cabildo que encabeza el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Al frente de la comitiva estuvo el presidente municipal José Luis Abarca Velázquez, quien la mañana del jueves se trasladó a Chilpancingo para reunirse con el secretario general de gobierno, Florentino Cruz Ramírez y afinar los detalles de la entrega del inmueble.

El personal de la Contraloría estatal llegó al palacio alrededor de las 12:00 horas, antes de las 13:00 comenzó el recuento área por área completamente a puerta cerrada, sin permitir el acceso de los medios de comunicación.

Integrantes del cabildo señalaron que fueron tres las áreas sobre las que se registró rapiña durante el tiempo en que el ayuntamiento estuvo bajo el control de la Unidad Popular: La Tesorería municipal, el Registro Civil y la oficina de Recaudación de Rentas del Estado que se ubica dentro del ayuntamiento.

Hace una semana el cálculo que el alcalde Abarca Velázquez proyectó en cuanto a los daños fue de 2.5 millones de pesos, pero este viernes ya no se manejaron cifras, solo se indicó que se esperará a que el personal calificado emita un dictamen.

Lo que se confirmó es que todos los cristales del inmueble fueron quebrados durante la toma realizada el 3 de junio, luego de que la UP recibiera la noticia de que sus tres dirigentes; Arturo Hernández Cardona, Rafael Banderas Román y Ángel Román Martínez estaban muertos.

Se espera que el lunes de la próxima semana las instalaciones del ayuntamiento reabran sus puertas, aunque todavía se tienen dudas porque no se tiene la certeza sobre la dimensión de los daños.

El gobierno estatal logró que la UP liberara el ayuntamiento tras firmar una minuta de acuerdos, en ella se plantea la no acción penal contra los integrantes de dicha organización, en el entendido de que la toma del inmueble se desarrolló al calor de una movilización social, la que se agudizó tras el asesinato de los tres dirigentes encontrados sobre la carretera que va hacia Chilpancingo.