7 de mayo de 2013 / 09:29 p.m.

Monterrey• El Tribunal para el Tratamiento contra las Adicciones que funciona en Nuevo León podrá ser replicado a nivel nacional, además de que la OEA evalúa el funcionamiento de la también conocida Corte de Drogas, para, en un futuro cercano, aplicarlo a nivel latinoamericano.

Con esta intención, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, se reunió este martes con el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz.

En el encuentro, también estuvieron presentes Joseph Pomper, cónsul general de Estados Unidos en Monterrey, y Graciela Buchanan Ortega, presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, quienes informaron al mandatario estatal sobre el seguimiento y diagnóstico al programa por parte de la Organización de Estados Americanos.

El procedimiento del Tribunal para el Tratamiento de Adicciones, único en su género en México, tiene tres propósitos principales: lograr la rehabilitación del acusado, reducir la reincidencia delictiva relacionada con el abuso o dependencia de drogas o alcohol y la resocialización del individuo.

Esta clase de juzgados actualmente funcionan con éxito en Estados Unidos, donde se logra una justicia terapéutica que disminuye los delitos bajo el influjo de sustancias ilegales y tanto la Embajada de Estados Unidos como la unidad antinarcóticos brindan la capacitación y soporte de este modelo en Nuevo León desde el año 2009.

El funcionamiento del Tribunal inicia cuando un juzgado penal integra a un tratamiento de adicciones a cualquier detenido que haya cometido algún delito bajo el efecto de drogas o alcohol.

Esto implica que se suspenda su procedimiento penal, pero el acusado deberá reunir ciertos requisitos para ser rehabilitado; además es asesorado jurídicamente, se le da seguimiento médico para su tratamiento y debe asistir a audiencias semanales de control.

En el encuentro con el funcionario federal, también estuvieron presentes Álvaro Ibarra Hinojosa, secretario general de Gobierno, y Adrián de la Garza Santos, procurador general de Justicia.

REDACCIÓN