24 de julio de 2013 / 12:19 a.m.

Guerrero • Autoridades estatales y comunitarias resguardan a las familias desplazadas de la Laguna, municipio de Coyuca de Catalán que permanecen refugiadas en Ayutla por las amenazas de muerte que sufrieron en su lugar de origen, tras el atentado que frustraron la mañana del domingo 21 de julio.

El gobierno estatal confirmó que luego de que el titular del Ejecutivo local, Ángel Aguirre Rivero se reuniera con los representantes de las familias desplazadas en la residencia oficial Casa Guerrero, se estableció el compromiso de reforzar la seguridad en la zona con el incremento de rondines por parte de elementos de la policía estatal.

La administración estatal también se comprometió a entregar insumos alimentarios para los siguientes cinco meses, así como el pago de un adeudo que los desplazados tienen con Diconsa.

El secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo dio a conocer que ya se atienden los asuntos que las familias plantean como prioritarios, además de que se realizará un inventario de las acciones que todavía están pendientes.El secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Sergio Javier Lara Montellano manifestó que ya se escucharon las inquietudes de los representantes de las familias, por lo que ya se implementan rondines de elementos policiacos en la zona de su asentamiento.

Agregó la puesta en marcha de un sistema de acompañamiento y operativos de investigación para estar en condiciones de evitar futuros ataques.

Aunque todavía no se presenta ninguna denuncia, el procurador general de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera expuso que ya se levantaron las actas administrativas para iniciar la investigación de los hechos ocurridos el domingo.

Bruno Placido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) señaló que dicha organización se mantiene a la expectativa, lista para repeler cualquier agresión contra la población en su zona de influencia.

Sin embargo, solicitó a las autoridades que faciliten la información que tengan respecto a la situación legal de los habitantes del asentamiento improvisado en La Unión.

Indicó que se necesita saber si entre los desplazados hay gente que tenga antecedentes penales, para establecer porque los agresores tienen tal interés por asesinarlos, ya que el fin de semana pasado movilizaron hasta cuatro personas de la sierra de Costa Grande hacia el municipio de Ayutla, que se ubica en la Costa Chica de la entidad.

Indicó que la UPOEG y su Sistema de Seguridad Ciudadana están interesados en garantizar la seguridad de la población, por lo que se requiere saber bajo qué condiciones llegaron los desplazados a los puntos en que actualmente están asentados.

ROGELIO AGUSTÍN ESTEBAN