29 de marzo de 2013 / 01:04 a.m.

Monterrey.- • A pesar de contar con seguro de accidentes, la Ruta 13 se niega a pagar los gastos de atención médica de un jovencito, menor de edad, atropellado por una de sus unidades, y quien requiere una operación que cuesta 58 mil pesos.

Mientras Héctor Raúl sigue en una cama del Hospital Universitario, su madre, Vera Cecilia Blanco García, enfrenta una lucha legal para que la ruta camionera acepte pagar los 58 mil pesos que cuesta la operación que le dará a su hijo, una oportunidad para volver a caminar.

"Lo único que pido es justicia, y que la empresa se haga cargo de los gastos médicos de recuperación de mi hijo, porque sí tienen póliza de seguro, yo tengo el número, pero no han querido aceptarlo", indicó la mujer.

El accidente ocurrió el 9 de marzo, mientras Héctor Raúl montaba un caballo que fue arrollado por el camión número 70 de la ruta 13, conducido por Javier Rodríguez Vélez, en la calle Las Torres, entre Tulipanes y Titanio, en la colonia la Isla de Escobedo.

De acuerdo a los testigos, el caballo se metió al centro de la calle para hacer algunos caracoleos, pues era un caballo entrenado.

A pesar de que el camión, conducido por Rodríguez Vélez iba a distancia, no aminoró la velocidad e impactó al caballo y al jinete.

El caballo quedó incrustado en el vidrio delantero de la unidad, mientras el jovencito salió disparado a una distancia de casi diez metros.

Durante un buen rato estuvo ahí tirado y perdiendo sangre, debido a que traía una fractura expuesta de fémur.

EL conductor del camión urbano intentó huir, pero fue capturado por los mismos testigos, que lo entregaron a las autoridades de Tránsito de Escobedo.

El dictamen médico determinó que Héctor Raúl sufrió fractura expuesta de fémur, de brazo y clavícula, y heridas en todo el cuerpo.

Al día 18 de marzo, los gastos de hospital ya ascendían a 17 mil 713 pesos, más lo que cuesta la operación, pero la ruta camionera se niega a pagar, y la autoridad, parece que no quiere obligarla.

"La autoridad… ellos mismos salen con que la empresa no va acceder, que mejor le busque ayuda donde sea", dice Blanco García.

Al parecer se están aprovechando que tanto ella como su hijo son hondureños, y le argumentan que por tanto, no tienen derechos en nuestro país.

Sin embargo, ella está legalmente establecida, e incluso está a punto de lograr la ciudadanía, tras 12 años en México.

En este caso, considera que eso no tiene nada que ver. A ella le apura la placa metálica que su hijo necesita para caminar, y que se paguen los gastos del hospital.

En Caritas y en Gobierno del Estado la han apoyado, pero sus normativas le impiden ayudarle con la operación porque existe un responsable identificado.

Aunque no sirve de mucho, porque no quiere pagar, ni hay quien lo obligue.

FRANCISCO ZÚÑIGA