2 de mayo de 2013 / 01:35 p.m.

Monterrey • La administración de San Pedro Garza García está en un dilema. Ha llegado el momento de lanzar la segunda fase de su proyecto San Pedro Net, una red de fibra óptica que conecta cientos de cámaras para dar al municipio más rico del país capacidades de seguridad de Primer Mundo. Y el dilema es si refrendar lo que hizo la gestión de Mauricio Fernández o cambiar de rumbo, pues la primera etapa del proyecto se contrató en medio de una nube de irregularidades que incluyen una etiqueta de precio a todas luces inflada.

Esa primera etapa comprendió, en su versión final, comprar, instalar, conectar, configurar una malla de fibra óptica con 494 cámaras de video instaladas en 333 sitios estratégicos del municipio, con capacidad para almacenar la información durante un mes. ¿El costo? 175.7 millones de pesos, considerando tan sólo cámaras, fibra óptica y equipamiento.

Fuentes de la industria señalan que al compararse San Pedro Net con otros proyectos, queda claro que la comunidad sampetrina está pagando muy cara su vigilancia en video: el pasado marzo, el municipio jalisciense de Zapopan, puso a licitación un sistema equivalente aunque provisto de sólo 200 cámaras. El alcalde declaró que la licitación cubría un monto del orden de 60 millones de pesos, de los cuales unos 25 millones se destinarían a las cámaras.

Zapopan, pues, licitó alrededor de 25 millones de pesos por la red de cámaras, y San Pedro aceptó desembolsar 175.7 millones por una red de 494 cámaras.

Un prorrateo básico, que no es sino un acercamiento muy primario a los datos, indica que para Zapopan cada cámara de vigilancia le costó 125 mil pesos, mientras que a San Pedro cada ojo de la red le costó más de 280 mil pesos.

El proyecto consiste en el suministro e instalación de postes, fibra óptica, software, hardware, cajas de control, cámaras de video vigilancia, dispositivos para iluminación de fibra óptica, dispositivos de almacenamiento, implementación de metodología para garantizar la seguridad de la información, como lo establece el acta 52 de la Tercera Sesión Ordinaria de septiembre de 2011.

En un primer contrato pactado por TICSA y el municipio, firmado el 20 de octubre de 2011, se contemplaba la instalación de dos mil 500 cámaras y 170 kilómetros de fibra óptica, con una inversión de 448 millones 482 mil pesos en un plazo de 10 años.

Éste sería el proyecto integral de parte de la empresa y el mismo municipio, por lo que inició con una primera fase que abarcó la compra e instalación de las primeras 494 cámaras de videovigilancia.

Buena parte de la información relacionada con este proyecto está protegida por el dictamen de un juez federal, puesto que se trata de un sistema relacionado con el tema seguridad pública, pero se ha ido estableciendo que en la asignación de este proyecto hubo numerosas irregularidades.

En una decisión que fue muy criticada en su momento, el ex alcalde Mauricio Fernández Garza asignó directamente el proyecto, sin licitarlo, a una empresa desconocida en el ámbito de la seguridad: Thousand International Companies, SA de CV (TICSA), representada por Fernando López Arrón.

Como sugiere su nombre, no se trata de una empresa enfocada precisamente en seguridad, sino en una integradora de terceros que realiza proyectos subcontratando a otras empresas para la ejecución de cada proyecto.

En el caso del proyecto San Pedro Net, desde una etapa temprana del proyecto se contempló ejecutar el proyecto bajo el esquema de una Asociación Público-Privada (APP), siguiendo un esquema de pagos diferidos. Estos esquemas han sido exitosos en muchos proyectos carreteros y de infraestructura hospitalaria, y empiezan a operar en otro tipo de proyecto, pero para las fuentes consultadas fue por lo menos “imprudente” asignar directamente el contrato a una empresa que carece de registro documentado de éxitos en un asunto delicado que concierne a la seguridad del público.

Parte del problema es que el proyecto, aprobado por el Cabildo de San Pedro el 10 de junio de 2011, se fue difiriendo hasta que en septiembre de ese año Fernández Garza propuso no someterlo a concurso en nombre de la urgencia. Fue así como el proyecto, que en el largo plazo comprende una inversión mucho mayor porque implica más de dos mil cámaras de vigilancia en video más mucho equipo periférico.

Llega pues la hora de que la nueva administración de San Pedro decida si seguirá adelante con el legado que le dejó Mauricio Fernández o si cambia el rumbo no sólo para seguir un proceso apegado a la regulación, sino también para ahorrarse millones de pesos.

La polémica

La primera etapa comprendió comprar, instalar, conectar, configurar una malla de fibra óptica con 494 cámaras de video instaladas en 333 sitios estratégicos del municipio.

El costo fue de 175.7 millones de pesos, considerando tan sólo cámaras, fibra óptica y equipamiento.

Una de las críticas ha sido que la empresa TICSA no se especializa en temas de seguridad, además de que no hubo licitación por parte del municipio.

EDUARDO MENDIETA SÁNCHEZ