4 de febrero de 2013 / 03:07 a.m.

Guerrero • La dirigencia de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) recordó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que las víctimas de los 54 presuntos delincuentes resguardados en las casas de justicia de El Mezón y Ahuacachahue también tienen derechos humanos.

El sábado 2 de febrero, la CNDH solicitó al Gobierno de Guerrero la aplicación de medidas cautelares para los resguardados que la Policía Comunitaria (PC) auspiciada por la UPOEG mantiene bajo su resguardo desde la jornada del 5 de enero pasado.

El gobernador Ángel Aguirre Rivero respondió positivamente al llamado hecho por la CNDH, en el sentido de que emprendería todas las acciones encaminadas a garantizar que los derechos humanos de los presuntos delincuentes estén a salvo.

Al respecto, Bruno Placido Valerio, dirigente de la UPOEG manifestó que al margen de la recepción de testimonios a favor y en contra de los resguardados, en estos momentos en las comunidades se discute la construcción de una propuesta que permita la reparación del daño para las víctimas directas y las familias de quienes fueron asesinados, secuestrados, extorsionados y violadas, en el caso de las mujeres que en su momento acudieron a pedir justicia.

“También aquellos a los que se llevaron y ya no regresaron tenían derechos humanos”, dijo el dirigente de la organización que mantiene las acciones de autodefensa en la Costa Chica de la entidad.

Agregó que en la construcción de la propuesta para reparar el daño también se tomará en cuenta la participación de las familias de quienes son señalados como culpables, las que incluso también tienen todas la condiciones para defender la inocencia de sus seres queridos.

“"Así como nos causan lástima estos que están aquí resguardados, también nos deben causar lástima los que no han regresado a sus casas, los que fueron secuestrados y mancillados en su dignidad. Debemos todos de ser justos"”, señaló Placido Valerio.

Agregó: “"Hay quienes en estos momentos podrán decir que los muertos no cuentan porque ya no pueden expresarse, pero ellos dejaron mujeres; esposos, hijos e hijas, dejaron familia y necesitamos construir un plan para la reparación del daño"”.

Mario Campos Navarrete, sacerdote de Malinaltepec y uno de los promotores del modelo de seguridad y justicia comunitaria recordó que las familias viven días, meses y en algunos casos años de mucha angustia cuando pierden a sus seres queridos y no hay quien les de información no les garantice su regreso.

El sacerdote recordó que le tocó vivir de cerca el proceso del que emergió la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y manifestó que hay una situación similar en el caso de la UPOEG, aunque aclara que ahora este último enfrenta a varias células del crimen organizado.

Comentó: “"Ya vimos en el sexenio anterior, que a pesar de tantos muertos y tantos desaparecidos no se logró extirpar el cáncer de la delincuencia organizada, es lamentable que el nuevo Gobierno federal apueste a la misma estrategia y por lo tanto creemos que debe reconsiderar otras alternativas para devolver la paz al país, los pueblos ya están presentando la suya"”.

Aunque recurrentemente se cuestiona la legalidad de las policías comunitarias, el líder religioso asegura que en dicho proyecto nadie hace lo que quiere, todos sus integrante se conducen con disciplina y principios, de ahí los resultados que ha dado en tan poco tiempo.

En el caso de los resguardados, el comandante M-1, quien está a cargo de la Casa de Justicia de El Mezón, señaló que ha quedado claro que estos no son objeto de maltrato, pues sus familias pueden visitarlos y que son alimentados por los habitantes de las poblaciones.

ROGELIO AGUSTÍN ESTEBAN