JAVIER TRUJILLO
6 de mayo de 2013 / 09:58 p.m.

Zihuatanejo de Azueta • Una docena de comerciantes provenientes del estado de Jalisco fueron interceptados por un comando y durante varias horas fueron privados de su libertad.

De acuerdo con Olga Aguilar Rubio, esposa de Benito Atilano Martínez, denunció que un comando había interceptado a su cónyuge, su hija y diez trabajadores más en la carretera al puerto de Zihuatanejo, cuando viajaban a bordo de una camioneta tipo Pick-up, con placas del estado de Veracruz.

Según la información obtenida se indica que los vendedores son originarios del municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco y que arribaron a este destino de playa con el objetivo de vender productos para uso doméstico como son baterías de cocina, los cuales venían a bordo de la unidad.

El parte ministerial revela que fue la señora Aguilar Rubio de 38 años quién alertó, el pasado sábado 4 de mayo, a las autoridades ministeriales y policiales sobre la desaparición de su esposo Atilano Martínez, su hija Lizbeth del Rosario Morales Aguilar, y 10 trabajadores más.

Se precisa en la denuncia que habían salido a vender baterías de cocina y otros enseres domésticos en la camioneta y que después de haber cubierto la jornada ya no regresaron al hotel “Mansión del Sol”, en la colonia El Hujal.

Tras la denuncia, fue hasta el siguiente día que autoridades de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo de búsqueda y montaron retenes de seguridad en la carretera nacional Acapulco-Zihuatanejo, así como recorridos por colonias y comunidades.

Fue en la comunidad de San Jeronimito, en el vecino municipio de Petatlán donde más tarde fueron localizadas las 12 personas que habían permanecido privadas de su libertad, y que estaban sanas y salvas.

Cabe mencionar que el año pasado se dio un caso similar el 08 de abril del año 2012 en que siete comerciantes de Zapopan, Jalisco, estuvieron privados de su libertad por un comando armado en la comunidad de San José Ixtapa donde se hospedaban en una casa de huéspedes.

En aquella ocasión, tres días después, sus familiares acudieron a la agencia del Ministerio Público del fuero común y se iniciaron una serie de operativos de los diversos cuerpos de seguridad como policía del Estado y policía Ministerial, el Ejercito Mexicano y Marina Armada de México.