9 de agosto de 2013 / 11:54 a.m.

México • El gobierno federal advirtió que no tolerará hechos como los ocurridos de El Pericón, en Tocoanapa, Guerrero, donde las autodefensas impidieron el paso a decenas de militares, y aseguró que no dialogará con esos grupos hasta que garanticen respeto al Ejército. Incluso habló de eventuales denuncias penales para castigar a los responsables.

El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda, recibió a una decena de integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, encabezados por Bruno Plácido Valerio, a quienes advirtió que no habrá diálogo mientras no se sometan al marco legal.

Junto con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, el subsecretario condenó hechos como los ocurridos esta semana en la Costa Chica.

“Ambos funcionarios expresaron su condena a los hechos ocurridos en días pasados en el poblado de El Pericón, municipio de Tecoanapa, Guerrero”, informó la Secretaría de Gobernación en un comunicado.

Comunicó que eran atendidos en esta dependencia solo para “hacerles saber que no se tolerarán actos similares y que no habrá mesa de diálogo con ese grupo hasta en tanto no haya condiciones de respeto irrestricto a las instituciones del Estado mexicano y al marco legal que nos regula.

“Lo anterior, con independencia de las denuncias penales que procedan ante las autoridades competentes, con el propósito de que se castigue a los responsables de los hechos con todo el rigor de la ley.”

La dependencia agregó que el gobernador Aguirre Rivero reconoció la labor social y de seguridad que brinda el Ejército mexicano a los guerrerenses, mientras el gobierno federal reiteró su apoyo a todas las obras sociales y productivas que se realizan para el desarrollo de la entidad, como lo anunció el presidente Enrique Peña en su reciente visita al estado.

Al salir del encuentro, Bruno Plácido Valerio dijo que el subsecretario Miranda Nava solo hizo una “propuesta” sobre la relación de las policías comunitarias con el Ejército, que no quiso detallar. “El tema central fue eso y ya no se pudo tocar más”, dijo.

Si bien el dirigente de la UPOEG aceptó que hubo reclamos de la Secretaría de Gobernación por el bloqueo a la labor de los militares, no aceptó que el subsecretario los haya recibido solo para advertirles que no pasarán por alto esas acciones y se castigarán.

Según Plácido Valerio, quedó pendiente el tema de que los policías comunitarios dejen las armas, porque no se abordó en el encuentro, y dijo que esperarán una nueva convocatoria de las autoridades federales para continuar el diálogo. Sin embargo, no hubo fecha para una próxima cita con los integrantes de la Unión.

También informó que el subsecretario Luis Miranda pidió que presentaran pruebas de sus acusaciones sobre presuntos vínculos de elementos militares con la delincuencia.

Antes de la llegada de dicha organización, el subsecretario Miranda recibió, junto con el gobernador Aguirre Rivero, a policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

El comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas del gobierno federal, Jaime Martínez Veloz, aseguró que el gobierno federal acordó con la CRAC una credencialización de los policías comunitarios, la utilización de uniformes, el establecimiento de rutas de tránsito, y “quedó muy claro” que únicamente podrán utilizar rifles calibre 22 o escopetas, no armas de uso exclusivo del Ejército ni de alto poder.

El funcionario federal dijo que bajo este esquema el gobierno de Guerrero regularizará la actuación de entre 2 mil y 2 mil 500 policías comunitarios y que el gobierno federal solo es coadyuvante en el tema.

LORENA LÓPEZ