JAVIER TRUJILLO
18 de mayo de 2013 / 09:06 p.m.

Acapulco • Luego de la reunión que sostuvieron 18 coordinadores del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) con autoridades de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, se acordó instalar una mesa jurídica en el estado de Guerrero.

Además dijo que el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava, atendió por dos horas a los integrantes de la comisión de la CRAC y de la Policía Comunitaria y se comprometió a recibirlos para conocer de los logros y avances en cada uno de los puntos del pliego petitorio.

Lo anterior fue informado por el coordinador general de la Casa de Justicia en San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, quien explicó que las coordinaciones regionales y la Segob acordaron instaurar una mesa de negociaciones en la entidad.

"Se acordó que se continúen con las negociaciones en una mesa jurídica en el estado para atender nuestras peticiones", dijo.

En entrevista Villar Castillo estableció que tras haber sostenido una reunión, como se había acordado, en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, en la capital de la República Mexicana, se determinó trasladar las negociaciones a Chilpancingo para el miércoles próximo.

Detalló que esta negociación se da luego tras la detención de seis elementos de la Policía Comunitario en Acapulco, y como se recordará la CRAC realizó operativos para detener a 15 servidores públicos, entre ellos policías ministeriales, preventivos municipales de San Luis Acatlán, y un secretario de acuerdos del juzgado y desarmó a una docena de uniformados.

Dicha medida de presión permitió la instalación de una mesa de negociaciones entre los líderes de la CRAC y representantes del gobierno federal, estatal y de la organización Serapaz.

También se informó que los representantes comunitarios están exigiendo a las autoridades del gobierno federal y estatal un pliego con 14 puntos entre los que enfatizan el permiso para portación de armas de grueso calibre; libre tránsito de la PC en todo el territorio estatal y nacional armados y la dimisión en procesos judiciales abiertos contra sus integrantes.

Finalmente se acordó que en el estado de Guerrero serán atendidos por delegado de esa instancia federal, por Juan Salgado Brito y del gobierno estatal por Oscar Chávez, enlace del gobierno con los grupos sociales.