Daniela Mendoza Luna
17 de junio de 2013 / 01:00 p.m.

 

Monterrey • La delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en Nuevo León iniciará una investigación en torno a los hechos del río Ramos, afirmó su titular, Guillermo Cueva Sada.

Destacó que ninguna construcción podría recibir el permiso de desviar u obstruir el cauce de ningún río, mucho menos si causare un impacto ecológico en la zona.

El funcionario precisó que en la dependencia no existen estudios de impacto ambiental de un fraccionamiento en ese punto de la comunidad Los Adobes, en Montemorelos, por lo que se iniciará una averiguación, comprobar los daños y buscar responsables.

“No se deben dar permisos de este tipo, los cauces no se deben de tocar, los permisos que damos aquí en la Semarnat son el manifiesto de impacto ambiental y los estudios técnicos justificativos, ninguno de los cuales marca algo así.

“Los cauces se deben dejar libres en todo tipo de desarrollos porque al final del día el agua tarde o temprano regresa a su cauce y si los llegamos a obstruir poniendo bardas o tratándolos de intubar lo que termina pasando es que provoca inundaciones y perjudica más, por eso es que están totalmente prohibidas, no las hemos autorizado y si se está haciendo eso lo están haciendo ilegal”, dijo.

Señaló que aunque los ríos están protegidos por la Ley de Aguas Nacionales y su observancia le corresponde a la delegación de la Comisión Nacional del Agua, se requiere un estudio avalado por Semarnat, que nunca fue solicitado.

Afirmó que de comprobarse, podrían existir sanciones importantes para los responsables que van desde sanciones administrativas y multas económicas hasta la cárcel.

Independientemente de ello, se deberá realizar un trabajo de remediación en la zona, para que los escurrimientos vuelvan a tomar su cauce y no sigan perjudicando el ecosistema de la zona.

“A través de la denuncia pedimos a Profepa y Conagua que hagan una inspección ya que aunque la Ley de Aguas Nacionales son las que le dan competencia a todos los temas de ríos, arroyos, lagos, etcétera, la Profepa ya tiene facultades, tiene que revisarse y poner las sanciones”, dijo.

Cueva Sada solicitó a los integrantes de la comunidad que se presenten a allegar este caso o algún otro de esta naturaleza para que la autoridad pueda actuar y colabore con las instancias federales.

Aseguró que mientras en las zonas urbanas los fraccionadores se cuidan mucho del cumplimiento de las normas por miedo a las sanciones, en las rurales o suburbanas se confían a que la autoridad no se dé cuenta hasta que la construcción ya está hecha, por lo que requieren del apoyo de los vecinos afectados para poder tener conocimiento de lo que sucede y actuar en consecuencia.