25 de abril de 2014 / 09:21 p.m.

México.- El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el dictamen que expide la nueva Ley de Competencia Económica, la cual busca dar certeza jurídica a consumidores y eliminar los monopolios, con nuevas reglas de acceso a las empresas y a los mercados económicos.

Durante la sesión ordinaria de este viernes y en un largo debate, se avalaron por 105 a favor, cuatro en contra y una abstención las reformas que incluyen cambios al Código Penal Federal y que establecen sanciones millonarias a empresas que promuevan el acaparamiento, los monopolios y las concentraciones ilícitas en los mercados.

En tribuna, los presidentes de las comisiones dictaminadoras destacaron los acuerdos logrados para sacar dicha legislación, y señalaron que con ella se beneficiará a la sociedad al promover la competencia entre empresas que se reflejará en la disminución de precios en diversos productos.

Al iniciar la discusión en lo particular, el PRD reconoció que lo aprobado es una ley avanzada, pero señaló que aún quedan temas pendientes, por lo que se reservó cuatro artículos, pues adelantó que buscará que la regulación de precios máximos sea también para los servicios públicos concesionados como carreteras, gasolinas, gas, entre otros.

Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, señaló que es muy importante que la Ley de Competencia sea un verdadero instrumento regulador del Estado mexicano, "que evite la simulación que se venía presentando en materia del control de las grandes empresas monopólica".

Destacó que las modificaciones implican que la Comisión Federal de Competencia podrá solicitar estudios que evalúen el desempeño de las facultades que se le otorguen a la comisión, mismos que serán elaborados por académicos y expertos en la materia independientemente  de la autoridad.

Asimismo, garantiza la obligación por parte de la comisión de publicar guías, lineamientos y criterios técnicos en las nuevas áreas en las que está facultada para ejercer jurisdicción, identificando los insumos esenciales, las barreras a las condiciones de competencia o la desincorporación de activos en tiempos razonables

No obstante, criticó que quedan temas pendientes como el referente a daños y prejuicios, ya que el artículo 134 del dictamen se establece que aquellas personas que hayan sufrido daños o perjuicios a causa de una práctica monopólica o una concentración ilícita, podrán interponer las acciones judiciales en su defensa ante los tribunales especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, hasta que la  resolución de la comisión haya quedado en firme.

"Esta disposición representa un fuerte obstáculo para la recuperación del daño económico derivado de prácticas monopólicas y concentraciones prohibidas", refirió.

Expresó también que la ley deja de lado temas como el acaparamiento, la especulación y el establecimiento de precios máximos a bienes y servicios de consumo popular, pues se limita a establecer la medida para fijar precios máximos cuando es en un fenómeno donde exista escases de los mismos, “lo que deja un gran margen de maniobra al acaparamiento, la especulación y establecimiento de precios desmedidos, particularmente en la canasta básica”.

En tanto, al presentar el dictamen, el panista Héctor Larios, presidente de la Comisión de Fomento Industrial, destacó que con la nueva legislación se eliminan barreras para la competitividad como la suspensión provisional del acto reclamado, lo cual quedó establecido desde la reforma constitucional.  

Explicó que con las reformas se equilibró el poder de la Cofece, quien podrá sancionar las prácticas monopólicas, pero no se dio total libertad para evitar la corrupción que favorezca algún interés particular.

"Ahora el reto es de la Comisión, de sus siete comisionados porque México espera con esta enorme y poderosa herramienta que es la Comisión Federal de Competencia Económica espera resultados que liberen parte de nuestro ingreso, de todos los mexicanos que pagamos en muchísimos mercados un sobre precio, que se libere para que lo usemos para otros satisfactores, para el ahorro y esto genere nuevos empleos".

Finalmente, el priista José Ascención Orihuela, destacó que con las reformas en materia de competencia se otorga la facultad a la Cofece para ordenar la desincorporación de activos como una fuerte sanción por el incumplimiento de la regulación.

Citó un estudio realizado por la OCDE y el Gobierno federal, el cual señala que el 30 por ciento del gasto familiar en México se lleva a cabo con problemas de competencia.

"Los consumidores gastamos alrededor del 40 por ciento más en estos mercados, de lo que se gastaría si existiera competencia efectiva, y el impacto es mayor en los sectores más pobres de la población que gastan cerca del 42 por ciento de sus ingresos en mercados altamente concentrados", comentó.

Agencias