MILENIO.COM
27 de enero de 2013 / 03:48 a.m.

 

Ciudad de México • La delegación Gustavo A. Madero asumió la operación de la Estancia del Peregrino que estaba a cargo de la Arquidiócesis Primada de México, porque “mantener a los peregrinos en las mismas condiciones de insalubridad y abandono en que se encontraban, significaría destinarlos a sufrir los mismos servicios fatales”.

Lo anterior destacó el director jurídico y de Gobierno de esa demarcación, Augusto Velázquez, en respuesta a la denuncia pública que hizo ayer la Arquidiócesis, de que la jefa delegacional, Nora Arias, había ordenado el cierre del albergue San Juan Diego, lo cual se había hecho con lujo de violencia.

En un boletín de prensa, la GAM informó que hasta las 17:00 horas de hoy, más de siete mil peregrinos, a bordo de 120 autobuses, arribaron a la Estancia del Peregrino, donde recibieron por primera vez servicios médicos y de hospedaje en forma totalmente gratuita.

Dio a conocer que la jefa delegacional supervisó de manera personal la operatividad de la estancia y anunció que para ofrecer una mejor calidad de servicios a los peregrinos, en breve se iniciarán los trabajos de rehabilitación integral en el albergue.

Precisó que autobuses procedentes de diferentes partes de la República ingresaron a las instalaciones de la estancia sin pagar un solo peso, y los visitantes constaron los nuevos servicios que se otorgan bajo la operación de la delegación Gustavo A. Madero.

Inviable la devolución

En el boletín con el titular “Servicios fatales se ofrecían en la Casa del Peregrino: GAM”, la demarcación informó que con respecto a la petición de la Arquidiócesis de México, para lograr que le sean devueltas esas instalaciones, el director jurídico y de Gobierno “dejó en claro que la revocación del permiso para administrar el albergue tiene sustento en un procedimiento legal y no a caprichos personales, por lo cual es inviable la devolución”.

Aseguró que delegación siempre ha mantenido una total apertura para escuchar a las autoridades eclesiásticas, “por lo que no caben las acusaciones de la vocería de la Arquidiócesis”.

“No caeremos en ataques personales, por el contrario, nuestra postura es muy respetuosa y este proceso tiene un sentido estrictamente legal, no podemos omitirlo, como se pretende”,

Y afirmó que la pretensión del gobierno delegacional es mejorar los servicios a los peregrinos y, sobre todo, bajo un esquema de gratuidad.