ALEJANDRA MENDOZA
28 de agosto de 2013 / 01:09 p.m.

Monterrey • Aunque Nuevo León es uno de los nueve estados que a nivel nacional hizo reformas sustentables en su sistema de pensiones, que cuenta con un problema de generación en transición, por lo que tiene que desembolsar de su gasto corriente el pago de pensiones, señala un análisis de la firma Aregional presentado ayer.

 

“El estado enfrenta un alto costo por el pago de las pensiones de la generación en transición que tiene que absorber directamente la entidad. Por tal razón, los pagos de pensiones por obligaciones previas a la reforma han sido crecientes en el estado alcanzando un monto de 2 mil 87 millones de pesos en 2011”, indica el documento “Situación de los Sistemas de Pensiones en las Entidades Federativas”.

 

Aregional detalla que el estado cuenta con un sistema sustentable a mediano o largo plazo, junto con Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Sinaloa y Sonora.

 

La entidad realizó su reforma en el sistema de pensiones en 1993, cambiando a un esquema de cuentas individuales.

 

Según con información del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Isssteleón), al cierre de diciembre del año pasado, hubo 13 mil 213 jubilados y pensionistas .

 

En diciembre de 2011, la población era de 12 mil 821 personas, y el año previo, 12 mil 311.

 

El aumento del año pasado se debió principalmente al programa del estado de “jubilación anticipada” que forma parte de los ajustes gubernamentales para reducir gastos.

 

Respecto al pago de pensiones y jubilaciones en 2012, fueron en total 3 mil 158.8 millones de pesos.

 

Se tiene previsto que el número de personas jubiladas (antes de la reforma en 1993) se incrementará hasta alcanzar un máximo en 2022; luego decrecerá el importe económico y el número de ciudadanos.

 

En 2022, el monto a pagar por pensiones y jubilaciones representaría 6.5 por ciento del presupuesto de egresos del estado.

 

De acuerdo con Aregional, los sistemas de pensiones estatales mexicanos han estado bajo presión financiera desde hace unos 15 años, debido a los cambios demográficos de la población, y especialmente por sus esquemas inadecuados de contribución-beneficio.

 

Un 40 por ciento de las entidades emprendieron reformas a sus sistemas, pero en algunos casos éstas no han sido suficientes para hacer los sistemas sustentables en el largo plazo, por lo que requiere de modificaciones adicionales para mantener la viabilidad financiera, señala el análisis.