15 de marzo de 2013 / 03:21 a.m.

El pasado 12 de marzo, la dependencia federal solicitó de manera formal se inicie el procedimiento contra Manuel Martínez, quien además enfrenta señalamientos de corrupción tras haber gobernado Cuernavaca.

CUERNAVACA • La Dirección General de Servicios Jurídicos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, confirmó que la Procuraduría General de la República solicitó de manera formal inicie el legislativo juicio de procedencia contra el presidente del PRI en Morelos y diputado local, Manuel Martínez Garrigós para detenerle con base en una orden de aprehensión dictada en su contra por el delito de desacato.

De acuerdo con un documento oficial de la dependencia legislativa, Martínez Garrigós será sometido a juicio político a partir del momento en que el Ministerio Público Federal impulse la siguiente parte de su solicitud, con base en la Constitución Federal y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público, según sus artículos 108 y 109, complementa el original consultado.

Manuel Martínez Garrigós, según documentos en poder de este medio de comunicación, violó una disposición de un juez federal al retirar unilateralmente una concesión del servicio de limpia a una empresa regiomontana, quien previamente le había demandado por incumplimiento de contrato. La disposición del juzgado era que la empresa no fuera afectada en sus derechos por las autoridades de Cuernavaca.

El pleito judicial mantiene a la ciudad capital de Morelos con un adecuado superior a los 52 millones de pesos, que obligó al embargo de 61 inmuebles propiedad del Ayuntamiento, que están a punto de pasar a formar parte de los activos de la empresa demandante, que busca llevar a la cárcel a Martínez Garrigós después de que el juicio político lo desprovista de su fuero constitucional que ostenta al ser diputado local.

En este momento, la violación de la determinación judicial es la que mantiene vigente la orden de aprehensión contra el dirigente del PRI y frustrado aspirante a la gubernatura de Morelos, aunque la tarde de este jueves, Martínez Garrigós alegó haber sido liberado de dicha orden, lo cual fue negado por el abogado impulsor del juicio en su contra, consultado por este medio, Guillermo Pasquel Hernández.

Independientemente de lo anterior, Martínez Garrigós enfrenta severos cuestionamientos y más de 500 observaciones administrativas y contables, por la desaparición, aplicación irregular o actos de corrupción que en conjunto ascienden a casi mil 600 millones de pesos.

DAVID MONROY/ CORRESPONSAL