18 de septiembre de 2013 / 01:27 a.m.

Monterrey  • Regidores priistas del municipio de Monterrey entregaron una solicitud de información en la oficina del actual secretario de Administración para que les entregue una copia de todos los contratos de proveedores que se establecieron durante los últimos 10 meses del gobierno municipal.

Esto, luego de la denuncia pública por presunta extorsión que hizo el empresario Alberto Garza Santos, director de PASA, donde presuntamente le exigían 40 millones de pesos para continuar como proveedor.

El edil Eugenio Montiel expresó que existe sospecha de que otros proveedores hayan sido persuadidos con la misma estrategia, por lo que están pidiendo la totalidad de los contratos, y ver si existe vínculo con algún miembro de la actual administración.

“Acabamos de entregar una solicitud al actual secretario de Administración, solicitándole copias de todos los contratos de proveedores que se establecieron durante los primeros 10 meses de la gestión de la alcaldesa Margarita Arellanes, por las denuncias de un empresario local, donde acusa al ex secretario de Administración de que durante la campaña le habían solicitado un dinero como aportación de campaña a condición de continuar con el contrato de servicio que hoy presta Monterrey.

“Nosotros estamos con la sospecha de tener que investigar todo porque entonces podría presentarse ese caso en todos los contratos de servicio y queremos descartarlo. Lo que estamos pidiendo son copias de contratos que son públicos y si no nos los dan ahorita nos los van a tener que dar después cuando haya la auditoria, pero vamos a pugnar porque así sea, porque ahora sí que el que nada debe, nada teme”, expresó Montiel.

Asimismo, resaltó que las declaraciones hechas por el empresario tienen que investigarse y llegar hasta las últimas consecuencias.

“Se tienen que investigar y llegar a las últimas consecuencias para determinar si son o no reales, en caso de que sí fuera, entonces efectivamente estaríamos encuadrando lo que hemos venido mencionando de contratos amañados, de retención de cheques, pues se confirma la oscura gestión que tuvo el ex secretario de Administración, por eso nosotros estamos pidiendo que nos den los elementos para revisarlos”, dijo.

Además destacó que de las 37 solicitudes que pidieron que revisara la contraloría, 15 fueron contestadas, sin embargo, el resultado de cuatro, fue que no hay lugar para investigación.

“Nos contestó el señor contralor cuatro de esas 15, de las cuales la determinación ha sido que no hay lugar en ninguna investigación, y que no hubo, desde su punto de vista, ninguna irregularidad de lo que nosotros denunciamos.

Las contestaciones que nos da el contralor, no están debidamente motivadas ni fundadas, ya lo estamos revisando jurídicamente y vamos a proceder en consecuencia para abrir los recursos de revisión que corresponda ante la instancia estatal o federal, estamos analizando cuál es la mejor vía para combatir las resoluciones, porque a nuestro juicio, insisto, no está bien motivado o fundado, porque ni siquiera se abrió un expediente, un proceso administrativo en los casos que señalamos”, argumentó.

Montiel manifestó que buscarán otra instancia que no sea municipal.

Marilú Oviedo