5 de octubre de 2013 / 11:42 p.m.

Monterrey.- El jurista Horacio Moya Quintanilla, consideró que el ser funcionaria y proveedora del municipio no es cuestión de ética, sino de derecho, y la Ley lo prohíbe expresamente, por lo que la Contraloría debe proceder contra la coordinadora jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento, Jeanete Fernández Anaya.

Moyar Quintanilla indicó que según el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones del Municipio de Monterrey no se puede ser proveedor ni intervenir en el proceso de licitación, renta o compra, si dicho contrato lo beneficia a él, familiares directos, a una empresa donde es socia, o a parientes hasta cuarta generación.

Cabe destacar que Fernández Anaya es socia de la empresa Gas Nuevo Milenio, y al mismo tiempo, interviene como coordinadora jurídica que revisa los contratos.

Agregó que la funcionaria municipal podría alcanzar una sanción administrativa y hasta penal. 

Redacción