30 de enero de 2013 / 11:08 p.m.

Son efectos del caso Cassez, plantea la presidenta de Alto al Secuestro, quien considera “obvio” que hubo presión del gobierno federal a la Corte para liberar a la secuestradora francesa.

Ciudad de México • La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, declaró que aunque no lo puede afirmar, “es obvio” que existieron presiones del gobierno federal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que fallara en favor de la liberación de Florence Cassez, y aseguró que 80 por ciento de los amparos que se han recibido después de este caso, se basan en omisiones en el debido proceso.

Entrevistada en el marco de un foro sobre la Ley General de Víctimas, organizado por el Senado, la activista comentó que la sociedad quedó muy dañada después de que se liberara a la ciudadana francesa, pues la Corte, dijo, es donde “se supone” se administra la justicia de todos, incluyendo imputados y víctimas, lo cual, consideró, no fue así.

“No podemos taparnos de ojos y de oídos, teníamos una presión política y diplomática muy fuerte hacia nuestro país, incluido el Ejecutivo, la Corte y los propios medios.

-¿Ve injerencia del gobierno actual hacia la Corte?

-No lo puedo afirmar, pero es obvio que sí, porque de otra manera no se entiende que mientras estuvo el gobierno anterior del presidente Felipe Calderón nunca salió y apenas entra un nuevo ministro todo sale a pedir de boca como lo había pedido, nunca habíamos visto tanta prontitud por parte de la Suprema Corte.

Wallace pidió una explicación sobre el beneficio de la decisión del máximo tribunal, porque aseveró que según datos del Poder Judicial de la Federación, 80 por ciento de los amparos que entraron después de la liberación de Florance Cassez, están tomando como patrón el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero, “o sea que 80 por ciento de las personas en la cárcel quieren irse por el mismo camino".

Angélica Mercado y Omar Brito