1 de marzo de 2012 / 03:41 a.m.

Esta medida será temporal. Algunas de las partes clave suspendidas incluyen la autorización a las policías locales a detener a cualquier sospechoso de residir en forma ilegal en Estados Unidos.

Phoenix • Una jueza federal en Arizona suspendió hoy la aplicación de otra sección de la ley antiinmigrante SB 1070 que prohibía a migrantes bloquear calles o estorbar la circulación cuando buscan trabajo u ofrecen sus servicios por hora o día.

La jueza federal Susan Bolton dictaminó a favor de que quienes rechazan la ley, al señalar que las disposiciones sobre trabajadores eventuales podrían violar la primera enmienda de la Constitución estadunidense.

Bolton emitió la suspensión con carácter temporal, mientras analiza los méritos de la demanda interpuesta contra la ley por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y grupos defensores de los derechos civiles y de inmigrantes.

La restricción a los jornaleros era una de las secciones de la ley que la jueza Bolton había autorizado a entrar en vigor, cuando comenzó la vigencia de la ley SB 1070 el 29 de julio de 2010.

Bolton decidió suspender ahora esa disposición, y sumarla a las principales secciones de la ley que quedaron frenadas desde esa fecha.

Las partes clave suspendidas incluyen la autorización a las policías locales a detener a cualquier sospechoso de residir en forma ilegal en Estados Unidos.

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos deberá analizar el próximo 25 de abril en una audiencia los argumentos a favor y en contra de la ley SB 1070.

El máximo tribunal del país revisará la solicitud de la gobernadora de Arizona Jan Brewer, para que sea eliminada la suspensión impuesta por Bolton en 2010.

La demanda del Departamento de Justicia, la más sólida de varias que se interpusieron contra la SB 1070, argumenta que la iniciativa viola la Cláusula de Supremacía de la ley federal respectiva y también la Cláusula de Comercio al dañar relaciones de Estados Unidos con México.

La Corte Federal de Apelaciones en San Francisco rechazó en abril de 2011 eliminar la suspensión impuesta por Bolton, al considerar probable que proceda la demanda del gobierno federal y que se demuestre que el estatuto es anticonstitucional.

Tras ese fallo, la gobernadora Brewer decidió acudir a la Suprema Corte de Justicia, que aceptó el caso que hoy se informa será analizado el próximo 25 de abril.

Además de Arizona, otras cinco entidades estadunidenses, Utah, Indiana y Georgia, Carolina del Sur y Alabama, han emitido leyes estatales migratorias que podrían verse afectadas por la futura determinación de la Suprema Corte de Justicia sobre la SB 1070.

 

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