23 de mayo de 2013 / 12:19 p.m.

México y Oaxaca • La Procuraduría General de la República (PGR) envió al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, a 11 de las 13 personas detenidas por la Policía Federal y señaladas como presuntos secuestradores de los sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani.

Mientras que dos mujeres, entre ellas la profesora Sara Altamirano Ramos, candidata del PRD, PAN y PT a la alcaldía de Jalapa del Marqués, Oaxaca, fueron llevadas al área femenil del penal federal El Rincón, en Tepic, Nayarit.

El coordinador de la Unidad Antisecuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Braulio Robles Zúñiga, dejó abierto un triplicado del expediente, pues se cree que las personas pueden estar involucradas en más delitos.

Robles Zúñiga no solicitó orden de aprehensión, sino que consignó la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/270/2013 al juzgado de Distrito que está de guardia en Jalisco, bajo el número de oficio PGR/SEIDO/UIDMS/FE/A/5438/2013, por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Entre los consignados están los maestros Leonel Manzano Sosa, Mario Olivera Osorio y Lauro Atilano Grijalbo Villalobos, quienes al igual que Sara Altamirano, pertenecen a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Junto con ellos fue encarcelado el activista mixe Damián Gallardo Martínez, quien a través de su abogado denunció que fue víctima de tortura para que se auto incriminara.

Los otros detenidos son Luis Gutiérrez Saldívar, David Vargas Araujo, Alejandra Chávez Chávez, Alejandro Sandoval Martínez, Faustino Diego, Alberto Sandoval Rodríguez, José Ambrosio Martínez y Enrique Guerrero Aviña.

De acuerdo a la PGR, cuatro de las 13 personas contaban con una orden de localización y presentación; el resto fue detenido en flagrancia, durante dos operativos realizados en Oaxaca y el Distrito Federal.

Posteriormente, la PGR emitió un comunicado en donde dejó claro que la consignación de las personas detenidas “está basada en una investigación científico-criminal que arrojó elementos contundentes y fehacientes que incriminan a los detenidos. Estas pruebas se han sumado a las declaraciones de varios de ellos que dieron lugar a la localización y rescate de las víctimas del secuestro”.

“"La acusación formulada ante el juez penal se refiere a actos llevados a cabo por cada uno de los individuos señalados como probables responsables… No se cuenta con algún elemento que indique que la conducta de estas personas haya sido instigada o dirigida por alguna organización (como la CNTE) de cualquier índole"”, agregó.

Más casos

Al salir de la SEIDO, el abogado Isaac Torres Carmona, quien es presidente de la filial en Oaxaca de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, confirmó que la SEIDO dejó abierto un triplicado del expediente, porque a sus clientes se les investiga por más secuestros.

Horas antes, Torres Carmona informó que sus clientes fueron torturados y los quisieron obligar a incriminarse.

Ayer, por segundo día consecutivo, los integrantes de la sección 22 se manifestaron afuera de las instalaciones de la SEIDO.

Manifestaron que durante la detención de los maestros se violaron diversos derechos humanos, además de que se presentaron actos de tortura.

Indicaron que tanto en Oaxaca como en el Distrito Federal se realizarán movilizaciones para exigir la liberación de sus compañeros. “"A través de eso entablaremos negociaciones con las autoridades"”, declaró Ángel Evencio Cruz, uno de los manifestantes.

ClavesAlto a excarcelaciones

El procurador de Oaxaca, Manuel de Jesús López, dijo que ha llegado el momento de poner un alto a las excarcelaciones de los profesores de la CNTE, logradas bajo la presión social.

Explicó que los profesores no solo enfrentan acusaciones por el delito de secuestro, también hay procesos en su contra por infracciones del fuero común y del federal.

Explicó que hay al menos 20 procesos penales pendientes de ejecutar contra igual número de docentes y que en todos casos se ha aplicado la ley, sin importar que los indiciados sean profesores.

RUBÉN MOSSO, SILVIA ARELLANO Y ÓSCAR RODRÍGUEZ