Óscar Rodríguez
10 de agosto de 2013 / 01:47 a.m.

 

Oaxaca • El gobierno de Gabino Cué aceptó que ha tenido problemas para aplicar las medidas cautelares a favor de los indígenas triquís desplazados de la comunidad de San Juan Copala, dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso no ha logrado realizar un censo del grupo de manifestantes en plantón desde hace siete años en los corredores del Palacio de Gobierno, por resistencias de los mismos.

Eréndira Cruz Villegas, comisionada para la Defensa de los Derechos Humanos del gobierno oaxaqueño, aseguró que existe la disposición y la voluntad política para dar cauce a los planteamientos de los desplazados triquis, pero señaló que ha faltado voluntad de las víctimas a recibir la ayuda institucional.

Dio a conocer que el gobierno estatal ya tiene al menos cuatro sitios para la reubicación de los desplazados, pero solo un grupo de ellos, el que encabeza la indígena Reyna Martínez, ya aceptó el ofrecimiento de reubicación temporal.

La funcionaria dijo que solo falta la voluntad y al acuerdo de las partes para definir el sitio temporal donde puedan rehacer su vida.

Destacó que el gobierno de Oaxaca ofrece la construcción de viviendas, infraestructura para una estancia digna de los triquis, además de acciones productivas para que puedan tener ingresos para su desarrollo pleno, lo cual dependerá de los fondos que aporte la Federación a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

“El tema de los desplazados triquis es de alta prioridad, se ha estado buscando su solución en los últimos tres años a través de la Secretaría General de Gobierno y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que ha sido la garante para el cumplimiento de las medidas cautelares a favor de las víctimas que se han logrado en varios momentos”, afirmó la funcionaria.

Refirió que hay una recomendación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU para ofrecer una atención integral al tema de los desplazados triquis, buscando un regreso seguro, duradero, a su pueblo natal, en un contexto de paz sin generar más conflictos.

Dijo que por ello se ha buscado por un lado identificar el número de personas realmente beneficiadas por las medidas cautelares y que se quejan de sobrevivir en condiciones precarias en el plantón que tienen instalado en la sede del Palacio de Gobierno.

Sin embargo, las veces que se ha buscado establecer un censo, se ha recibido una respuesta agresiva y violenta de las víctimas, porque se ha identificado que en la protesta hay muchas personas ajenas al conflicto.

“En el último intento se buscó realizar un padrón de los beneficiarios y donde estuvieron presentes funcionarios de la Secretaria de Gobernación; se recibió una respuesta ofensiva de los inconformes”.

Cruz Villegas precisó que no son 216 las familias que gozan de medidas cautelares, sino 135 concretamente.

La Comisionada para la Defensa de los Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca, Eréndira Cruz Villegas, aceptó que uno de los grupos de desplazados de San Juan Copala, el que encabeza la indígena Reyna Martínez, ya aceptó el ofrecimiento de reubicación temporal.