23 de enero de 2013 / 01:12 a.m.

Oaxaca • El presidente de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, urgió a los diputados locales avanzar en las reformas a la ley para consolidar la creación de las salas constitucionales dentro del Poder Judicial para darle mayor peso legal a las recomendaciones emitidas por el organismo.

Aceptó que Oaxaca ocupa el segundo lugar en el número de violaciones a los derechos humanos, y son los ayuntamientos quienes más acciones autoritarias cometen en contra de los ciudadanos, seguidos de las instituciones de justicia, entre ellas la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública estatales.

“Nosotros estamos pidiendo que nuestras recomendaciones tengan mayor peso jurídico, se está buscando que se avance en la reforma constitucional para que las acciones dictadas por nuestro organismo tengan un carácter vinculatorio y sancionatorio dentro del orden jurisdiccional”.

“Se está buscando la creación dentro del Tribunal Superior de Justicia de las salas constitucionales para que los implicados en violaciones a los derechos humanos pueden ser llevados de manera inédita a juicio”.

Refirió que las recomendaciones emitidas tienen un mayor peso legal, están regidas en apego a los protocolos internacionales, investigaciones de fondo y buscan solo restituir los daños cometidos a las víctimas, además de evitar que tales acciones se repitan de nueva cuenta.

Dijo que se trata de evitar que ocurra lo que aconteció en el pasado cuando las acciones dictadas por el organismo eran desechadas y desacatadas por falta de peso moral y legal.

Anunció que el ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán fue apercibido, por no acatar la recomendación que le fue emitida por las agresiones que se cometieron en contra de un grupo de periodistas por parte de elementos de la policía de tal demarcación.

Dijo que se dará vista del desacato de la resolución ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se pedirá la comparecencia del alcalde ante el pleno de la Legislatura local para que emita una disculpa pública a los afectados, les restituya sus derechos e indemnice, además de que dicte acciones de no repetición de los hechos ocurridos.

También se le pidió sancionar a los elementos policiacos que cometieron la falta.

Otro municipio donde se emitió un protocolo de seguimiento por incurrir en acciones por exceso policiaco, fue el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, tras la detención de un grupo de jóvenes del denominado movimiento #yo soy 132, quienes se quejaron de detención arbitraria y tortura.

Peimbert Calvo afirmó que este municipio tiene un plazo no mayor de 15 días para que responda y acepte los excesos cometidos o presente los elementos necesarios para argumentar su defensa.

El ombudsman indicó que en siete meses de trabajo se han dictado 12 recomendaciones y cinco alertas tempranas por hechos donde pudieron ocurrir acciones de violencia, por los conflictos surgidos por la caravanas realizadas a San Dionisio del Mar y en el caso de la minera Cuzcatlán, así como en el conflicto que se vive en San Juan Mixtepec.

También dijo que se han dictado medidas cautelares para un total de 622 posibles víctimas de agresiones a su integridad y violaciones a sus garantías constitucionales, la mayoría por conflictos de tipo agrario y conflictos sociales.

Ley de Víctimas

El titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca llamó también a avanzar en Oaxaca en la legislación de una ley local de victimas, para hacer valer los preceptos ganados con la legislación federal.

Peimbert Calvo consideró que en el caso de Oaxaca esta ley debe ser incluso retroactiva, para atender a las víctimas por violaciones cometidas a los derechos humanos durante la revuelta social del 2006.

Queja por recorte

El ombudsman estatal hizo valer su queja por el recorte que recibió la institución que encabeza. Informó que la legislatura local le redujo de 93 millones a 41 millones su gasto de operación para este año.

Aclaró que con lo recibido apenas y tendrá capacidad para cubrir 143 de 200 plazas, y se podrán abrir 12 de 16 defensorías regionales, además de elevar a rango de dirección la Coordinación de Comunicación Social, aumentar la plantilla vehicular, además de iniciar mejoras en los dos edificios del organismo.

ÓSCAR RODRÍGUEZ