16 de febrero de 2013 / 02:21 a.m.

Huicot Rivas, representante de derechos humanos, indicó el surgimiento de los grupos de autodefensa representan en muchos casos, ingobernabilidad o desatención a graves conflictos sociales.

 Oaxaca • Los organismos de derechos humanos de la zona sur sureste de México, lanzaron un llamado a los gobiernos estatales y municipales para que encaucen los conflictos de ingobernabilidad de han dado pie a la creación de grupos de auto defensa y policías comunitarias en diferentes zonas del país, que pueden generar mayores violaciones a las garantías constitucionales de los ciudadanos.

El presidente de la Federación Mexicana de los Organismos Públicos y Derechos Humanos, Huicot Rivas Álvarez, dijo que las policías comunitarias es un tema preocupante que ocupa a su sector, porque se trata del surgimiento de expresiones de autodefensa, que representan en muchos casos un síntoma de ingobernabilidad o desatención a graves conflictos sociales en algunas zonas prioritarias en el país.

Previo a la reunión nacional del gremio, indicó que debe hacerse un análisis, una investigación de fondo, muy profunda, particular para que este las denominadas policías comunitarias no sean instrumento de otro tipo de intenciones o problemáticas.

Se necesita saber cuál es la realidad que enfrenta cada sitio donde se han autoerigido estos grupos, para que detallar cuáles sirve como instrumento estratégico para otros fines que no sean la seguridad comunitaria.

En este sentido coloco el caso el caso tan solo de la región del Istmo de Tehuantepec, donde un grupo de campesinos y pescadores han creado un grupo de auto defensa civil para evitar que aterrice una inversión.

Refiere que ningún grupo puede imponerse por encima de la ley, “todas las fuerzas y expresiones que han convocado a la creación de policías comunitarias, deben estar enmarcadas dentro del marco de la misma constitución y sin bien es cierto debe haber un usos y costumbres de las comunidades, estos tampoco debe estar por encima del estado de derecho.

“Creemos que están policías comunitarias o grupos de autodefensa son atentarías de los derechos ciudadanos y garantías constitucionales, además de que vulneran el artículo 17 de nuestra carta magna que afirma que nadie se pude hacer justicia por propia mano. Se debe valer acciones que pueda regular la participación de estos grupos, y que los obliguen a sujetar a la legalidad”.

Afirmó que se debe valer políticas públicas que puedan garantizar un ejercicio pleno de los derechos de todas las personas, principalmente para respetar los derechos fundamentales que tienen los individuos y a la vez de privilegiar la obligación del estado, para garantizar la seguridad pública de todos los ciudadanos.

Por ello se debe avanzar en la profesionalización desde luego de los servidores públicos encargados de brindarla y también en la creación de políticas pública que las faciliten.

Creo que en cada caso especifico, las instituciones deben brindar la oportunidad a los diferentes cuerpos de seguridad local para que puedan certificarse con uniformidad mediante los esquemas y estándares nacionales de capacitación y esquema de evaluación de control de confianza.

Es evidente que hay una carencia de profesionalización y capacitación de los diferentes cuerpos de policial en algunos municipios, que lo refleja en muchas ocasiones que las fuerzas del estado sean rebasadas cuando se registro un problema de inseguridad.

“En la lucha contra la inseguridad no cabe espacios para la flexibilización, la actuación del estado debe ser firme sin polarización, teniendo como único margen la aplicación del estado de derecho”.

Seguimiento a medidas cautelares

Luego de la disolución y desarme de la policía comunitaria de la comunidad indígena de Santos Reyes Nopala, el Presidente de la Defensoría de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca(DDHPO) Arturo Peimbert Calvo, indicó que se está dando seguimiento a las medidas cautelares dictadas para que en el corto plazo el alcalde del poblado cumpla con reincorporar a sus actividades a los miembros de la policía municipal para que cumplan con sus funciones de dotar de seguridad a los lugareños de la demarcación.

También se está en espera de que el gobierno estatal cumpla con los acuerdos de la minuta firmada donde se acordó ofrecer capacitación para que el cuerpo de policía de la comunidad pueda ser certificado mediante los estándares nacionales e internacionales.

OSCAR RODRÍGUEZ