6 de abril de 2014 / 07:41 p.m.

México.- La iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión propone disposiciones que podrían poner en riesgo la seguridad y privacidad, al obligar a los concesionarios a dar la ubicación geográfica de usuarios sin orden judicial de por medio, advirtieron representantes del sector.

El artículo 189 del proyecto de ley del Ejecutivo señala que los concesionarios están obligados a proporcionar la localización geográfica en tiempo real de cualquier tipo de dispositivo de comunicación que se encuentre relacionado con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas.

Ello, a solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR), de las procuradurías de las entidades federativas, o de los agentes del Ministerio Público, señala el proyecto de ley del Ejecutivo que analiza el Senado.

Para el vicepresidente de regulación en Telefónica México, Miguel Calderón, es fundamental que se delimite el intercambio de información con un solo interlocutor a cargo de la seguridad pública, ya que la iniciativa propone que cualquier Ministerio Público del país puede requerir información.

"La iniciativa propone que cualquier Ministerio Público en el país, hay más de tres mil, pueda solicitar directamente sin ningún procedimiento, sin ninguna orden judicial, que se les entregue en tiempo real la información geográfica de cualquier persona; eso nos parece peligroso", dijo.

Además, continuó, el capítulo denominado "colaboración con la justicia" puede ser contraproducente, dado que se pide a los concesionarios inhibir dentro de los penales las señales celulares, lo cual es técnicamente imposible.

"Es imposible que desde mi radio base pueda definir hasta dónde llega la propagación electromagnética, pero además no creo que sea el papel de los concesionarios entrar a un penal a bloquear señales; lo que proponemos es apoyo técnico y bloquear números específicos, eso ya lo hemos hecho", explicó.

Asimismo, el proyecto de ley secundaria en materia de telecomunicaciones plantea que los empleados de los concesionarios que no colaboren con las autoridades de seguridad pública involucradas se harán acreedores a una pena de tres a ocho años de cárcel.

Calderón consideró que ello se trata de una pena excesiva que puede sustituirse por una causa de revocación del título de concesión y la imposición de una multa económica.

"Hay otro artículo que dice que debemos bloquear cualquier mensaje no solicitado y malicioso, sin que haya una definición de malicioso; esto nos preocupa porque se presta a todo tipo de cosas, a que un mensaje de Twitter se considere no solicitado y la definición de malicioso queda a libre interpretación de cualquier", añadió.

Para la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Nextel de México, Cristina Ruiz de Velasco, es conveniente que legisladores que analizan la iniciativa realicen un balance correcto entre procuración de justicia y derechos de los usuarios.

"Sabemos que las telecomunicaciones desafortunadamente son usadas para fines de delincuencia organizada, pero también que son un instrumento importante para la prevención del delito".

Sin embargo, subrayó, en el debate público están presentes preocupaciones sobre temas de privacidad y regulación de la información que se transmite a través de las redes de telecomunicaciones.

En opinión de la especialista Clara Luz Álvarez, de aprobarse estos artículos relacionados con las obligaciones de los concesionarios en materia de seguridad y justicia, se somete a los usuarios a un estado de indefensión jurídica, violaciones a sus derechos y a la libertad de expresión.

"El artículo 197 dice que si hay un evento o lugar crítico entonces le pueden ordenar a un concesionario que suspenda las señales de telecomunicaciones; ni siquiera (el presidente venezolano) Nicolás Maduro en sus mejores sueños puede pensar en tener avalado algo así".

Álvarez considera que la colaboración con la justicia que establece el documento involucra de manera directa la seguridad de los usuarios, ya que su información puede ser requerida por cualquier autoridad con el argumento de realizar labores de inteligencia.

"Si recordamos, la Suprema Corte en una penosa resolución autorizó la geolocalización, pero ahora eso se ve como un juego de niños comparado con esto; ahí se limitaba a delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud, entre otros, y aun así fue escandaloso, pero éste no tiene límites", argumentó.

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