17 de febrero de 2013 / 03:35 p.m.

Monterrey • Ante la incapacidad del estado por la corrupción de su gente, el desinterés, la mediocridad, pero sobre todo los vicios sistemáticos, en los últimos seis años, en el marco de la guerracontra el narco, se han gestado o reforzado en Monterrey decenas de individualidades y colectivos que exigen justicia y resultados de las autoridades.

A partir de 2007, un año después de que la violencia comenzó a arreciar en todo el estado, las Marchas por la Paz surgieron para pedir alto a las ejecuciones, las balaceras, los secuestros y exigir a las entidades públicas la aplicación de la ley.

Sin embargo, la tranquilidad no llega al estado. Al contrario, el espiral de violencia sigue creciendo.

Activistas, académicos y familiares de víctimas sostienen que las autoridades de los tres niveles se han visto rebasadas, que son faltas de sensibilidad y presas de una absurda politización.

Gilberto Marcos, presidente de la Federación de Colonias (Fedeco), afirma que la inacción del Gobierno además de ser inmoral e ilegal, denota su falta de sensibilidad.

“Hay una ausencia del estado por lo mediocre de las acciones que han tomado ante la inseguridad, pero además su incapacidad la denota en las áreas de seguridad por el grave problema de la corrupción”, expresó.

Para Roberto Rebolloso, antropólogo social y catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el tema de la seguridad el estado ha dejado solo al ciudadano y en cambio se ha dedicado a construir un sistema de protección a su propia élite, con base en el sistema y los recursos del erario.

“Mientras unos están bien cuidados con sus escoltas y guaruras, utilizando todos los recursos del estado, los otros cuentan con sus guardias de seguridad y viven aislados, mientras el resto de la gente padece la problemática”.

Rebolloso dijo que en medio de esta corrupción el vacío del estado es “patético” y perjudicial.

“El ciudadano no tiene seguridad ni en los niveles más básicos, que son su casa y el transporte, entonces no hay protección, el estado se ha perdido”, alertó.

La activista Indira Kempis considera que si bien es cierto que la ausencia del estado a nivel federal y local han provocado la indignación y la inconformidad colectiva, la participación ciudadana en la zona metropolitana de Monterrey aún denota un déficit.

Una encuesta ciudadana, dijo, indica que proporcionalmente sólo uno de cada 10 ciudadanos está participando en la vida pública del área conurbada.

“Eso es uno de los factores para que muchas de las injusticias y los problemas sociales que tenemos no puedan ser exigidos conforme a nuestros derechos constitucionales; esto forma un caldo de cultivo perfecto para el crimen organizado, pero también para la delincuencia que tenemos en nuestras instituciones”.

Samara Pérez, madre de Brad Xavier Muraira, de 18 años, una de las 52 víctimas mortales del atentado al casino Royale, dijo que este dramático caso ha demostrado la corrupción en torno a los casinos y en los diversos niveles de gobierno, pero también evidenció la politización de la investigación entre un gobierno priista en el estado y uno de extracción panista a nivel federal.

Claves

Empiezan a actuar

-La sociedad regiomontana ha sido históricamente señalada por no participar activamente en movilizaciones ni por colaborar en organismo civiles como ocurre en otros estados.

-No obstante, el fenómeno de la violencia y el crimen organizado dio un giro en esta actitud pasiva frente a los problemas públicos, y generó movilizaciones y activistas importantes.

-En muchos de los casos se trata de familiares de personas asesinadas o desaparecidas que claman por justicia, y que no han encontrado otra manera de hacerse escuchar.

ALEJANDRO SALAS