5 de febrero de 2013 / 02:33 p.m.

Monterrey.- El plazo que tenían el Gobierno del Estado y el municipio de Monterrey para cumplir las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre el casino Royale llega hoy a su tope, con lo cual ambas instancias tienen la obligación de dar a conocer este martes el detalle de cómo van a acatar las disposiciones del organismo y qué avances han registrado.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió el pasado 6 de enero una serie de recomendaciones tanto para el municipio de Monterrey como para el Gobierno del Estado en torno a su actuación relacionada con la tragedia del 25 de agosto de 2011, cuando murieron 52 personas en un ataque del crimen organizado contra el casino Royale.

Entre estos aspectos, destaca la posibilidad de que estado y municipio ofrezcan una disculpa pública a los deudos a través de la Dirección de Protección Civil en lo que respecta al estado, y la Secretaría de Desarrollo Urbano, en cuanto a Monterrey.

Sin embargo, la parte medular de la recomendación va dirigida a que se conceda una indemnización a las familias de las 52 víctimas del ataque al casino, y que la administración estatal arranque una investigación para determinar si antes y después del ataque hubo actuaciones irregulares u omisiones por parte de funcionarios públicos, y de ser el caso, se proceda a aplicar las sanciones administrativas o penales que correspondan.

Hasta el momento, la administración de Rodrigo Medina no ha dado una respuesta clara en cuanto a cómo piensa indemnizar a las víctimas ni en qué términos se daría la disculpa pública.

El pasado 21 de enero, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento respondieron a la recomendación de la CEDH, asegurando que van a acatar en su totalidad las 13 recomendaciones que emitió el organismo, y aunque aseguraron que no rechazarían ningún punto de la disposición, ni la CEDH ni las dos instancias de Gobierno accedieron a mostrar públicamente el documento donde establecieron sus compromisos al respecto.

En aquella ocasión, la presidenta de la CEDH confirmó que tanto el estado como el municipio aceptaron cumplir con la totalidad de las recomendaciones.

Martínez Garza explicó entonces que se tomó la determinación al interior del organismo de no hacer público el documento bajo una serie de criterios jurídicos, pero la respuesta de ambos entes de gobierno, aseguró, era a favor de cumplir con ellas.

La Ley marca que al margen de ello, las esferas de gobierno tienen hasta 10 días hábiles para dar una respuesta a la recomendación que emita la CEDH.

Esto implica demostrar que los involucrados en el expediente deben demostrar públicamente que ya acataron las disposiciones o bien, que se encuentran en proceso de cumplimiento.

Hasta anoche ni el estado ni el municipio habían girado ninguna comunicación relativa a este punto ni se notificó de algún evento para dar a conocer el cumplimiento de la recomendación.

ANTONIO ARGÜELLO