26 de junio de 2013 / 01:01 p.m.

Comisión del Legislativo local iniciará la próxima semana análisis del mismo recurso, pero aplicado a tipificación de "ciberbullying".

Monterrey • El gobernador Rodrigo Medina de la Cruz reiteró ayer que el veto a la Ley del Transporte se hizo a tiempo, por lo que recurrirán a los procedimientos legales que siguen en caso de que los diputados locales presenten una controversia constitucional para hacer publicar la norma.

El pasado 22 de mayo, los legisladores panistas, con el apoyo del PRD y un diputado independiente se impusieron contra la bancada del PRI para que sea el Congreso del Estado quien fije las tarifas de transporte público, pero el mandatario negó su aprobación en el Diario Oficial de la Federación, devolviendo al Legislativo el proyecto, con observaciones.

Desde el lunes, la normativa quedó en el “limbo jurídico” ya que los diputados rechazaron el veto al considerar que se hizo de manera extemporánea.

“El veto se presentó a tiempo, tenemos toda la documentación en orden y esperaremos a que se dirima esta controversia, finalmente legalmente el Gobierno del Estado está cierto de que así fue y tenemos toda la documentación que respalda esta decisión”, dijo el gobernador.

Lo ocurrido hasta ahora provoca que la definición de la Ley del Transporte tenga tres escenarios distintos; que el gobernador publique la reforma como lo solicita el Congreso, que se presente una controversia constitucional o dejar el veto que impuso el gobernador.

Mientras tanto, se informó que la próxima semana, la comisión legislativa de Seguridad y Justicia iniciará el análisis del veto aplicado a la reforma del artículo 345 bis del Código Penal del Estado de Nuevo León, que tipifica el ciberbullying como delito de difamación.

La intención es tener lista una nueva propuesta para sancionar este delito en septiembre próximo, un dictamen para ser votado por los diputados locales, dijo el presidente de la comisión, Francisco Cienfuegos Martínez, quien expresó que ya han iniciado pláticas con la diputada local que promovió este tema, la albiazul Carolina Garza, por lo que en breve citarían a mesas de trabajo.

Las observaciones del gobernador del estado hacia esta ley fueron en el sentido de mejorar la redacción, pues lo aprobado podría coartar la libertad de expresión y contradice los tratados internacionales que indican que este tipo de delitos deben ser sancionados por la vía civil y no la penal.

SANDRA GONZÁLEZ Y REYNALDO OCHOA