10 de junio de 2013 / 12:51 p.m.

 

 

Monterrey • El gobernador Rodrigo Medina deberá decidir a más tardar esta semana si regresa con observaciones las reformas al Código Penal que tipifican el delito conocido como ciberbullying, que generaron polémica en las redes sociales tras su aprobación el pasado 29 de mayo.

Fuentes del Gobierno Estatal consultadas ayer confirmaron que no existe todavía una decisión tomada por el mandatario, que de acuerdo a la Constitución Política de Nuevo León tiene 10 días para presentar observaciones.

La legislación es vaga en tal sentido, pues no distingue entre días hábiles y naturales, aunque la interpretación mayoritaria se inclina por días hábiles, mismos que vencen este miércoles.

Si para entonces Medina no envía ningún veto al Congreso local, las modificaciones se dan por sancionadas y entran en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, como lo establece la Carta Magna del estado.

La semana pasada el gobernador se pronunció a favor de la libertad de expresión y en contra de la penalización de publicaciones en las redes sociales.

Al ser cuestionado sobre el tema, dijo que ya analizaba si era procedente la aplicación de un veto, valoración que de acuerdo a fuentes allegadas aún no concluye.

“Habría que tener mucho cuidado para no detener ese propósito, y para tampoco sobre penalizar o penalizar una acción que cotidianamente se lleva a cabo, mientras no haya la comisión de un delito o no surja alguna situación en contra de la seguridad del Estado que provoque, insisto algo grave, pero si hay comunicación constante y permanente y hay libertad de expresión en este país, pues yo creo que hay que protegerla”, expresó el miércoles de la semana pasada.

Organismos intermedios y usuarios de las redes manifestaron su inconformidad ante la nueva legislación, en medio de cuestionamientos sobre los alcances y las implicaciones que tendrán publicaciones diarias en plataformas como Facebook y Twitter.

Francisco Cienfuegos, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública –ente que propuso el dictamen al pleno-, aseguró que la redacción se cuidó para no incurrir en excesos y evitar así las observaciones del Ejecutivo.

“Evaluamos y pusimos en análisis con más de 50 expertos en la materia una mesa de trabajo pública en la cual se vertieron diferentes opiniones y comentarios sobre la iniciativa que presentó una integrante del grupo Acción Nacional… definitivamente no está coartando la libertad de expresión”, sostuvo.

Luis García