— GABRIELA MARTÍNEZ
2 de septiembre de 2013 / 02:11 p.m.

A pesar de los años, continúan en la lucha por encontrar a los suyos.

Baja California fue uno de los primeros estados de la república, entre 2007 y 2010, en convertirse en la arena de una guerra sin cuartel entre cárteles del narcotráfico que dejó como saldo cientos de muertos y hasta la fecha más de 300 desaparecidos.

Antes de febrero de 2006, Fernando Ocegueda Flores, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos, jamás pensó que algún día redactaría una iniciativa de ley. Tampoco pensó que andaría codo a codo con comandantes de la Ministerial, ni que tendría que cavar en fosas clandestinas en busca de restos humanos.

Pero todo lo tuvo que aprender. La vida no le preguntó y fue una necesidad que nació después de que un comando armado, hace seis años, ingresó a su hogar y, frente a su esposa, se llevó a su hijo. Las autoridades no hicieron nada, pero junto a familiares emprendió la búsqueda de Fernando Ocegueda Ruelas, en aquel entonces de 23 años.

No pasó tanto tiempo para que al reclamo de Fernando, decenas de familiares se sumaran y exigieran al gobierno en turno encontrar a los suyos. No había recursos, pero tampoco voluntad de hacerlo y la respuesta fue criminalizarlos.

A raíz de la presión, ya no de unos cuantos sino de muchos, intervinieron las autoridades.

Pero antes, las investigaciones corrieron a cargo de las familias y no de las fiscalías, aprendieron el significado de palabras como "averiguación previa", "declaración de ausencia" y "presunción de muerte". Leyeron y memorizaron los expedientes hasta rastrear a los criminales, pero no a sus familiares.

Con las detenciones y confesiones como la de Santiago Meza López “el Pozolero del Teo”, acusado de haber deshecho en ácido al menos 300 cuerpos de personas asesinadas por órdenes de Teodoro García Simental, iniciaron con la búsqueda de fosas clandestinas.

La historia apenas comenzaba paras las familias. En más de una ocasión tuvieron que tomar una pala y cavar en terrenos baldíos para ayudar en las pesquisas, con la esperanza de que bajo la tierra pudieran encontrar los restos de los suyos.

A unos les llegó la muerte sin que tuvieran noticias de los desaparecidos, pero a los otros, los que continúan con la búsqueda, el desgaste emocional y las crisis económica también les pegó.

Muchas mujeres que dependían económicamente de sus maridos o hijos, desaparecidos, no les fue fácil cobrar los seguros de vida; debían pasar seis años para que la autoridad declarara su muerte.

También aprendieron de leyes, pues de la sociedad nació la iniciativa que fue aprobada en 2012 por el Congreso local de Baja California en la que se redujo el tiempo, de dos a un año, para la declaración de una persona como ausente y de cinco a dos años, la presunción de muerte.

De la peor época de violencia que vivió el estado emergieron los activistas de hoy. Esa misma lucha se extendió al resto del país en entidades que, al igual que Baja California hace algunos años, ahora son víctimas de la guerra contra el crimen organizado.