27 de febrero de 2013 / 12:02 a.m.

Ciudad de México • La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en seguimiento a la reunión sostenida el jueves pasado con el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido Valerio, hizo presencia ayer en Ayutla de los Libres, en el marco de la investigación que tiene abierta con motivo de las acciones y omisiones de las autoridades de los tres niveles de gobierno de garantizar el derecho a la seguridad pública.

El segundo visitador general y un equipo de visitadores adjuntos, peritos, médicos y psicólogos, acudieron a la localidad y se reunieron con miembros de la UPOEG.

Escucharon testimonios de las víctimas de delitos como el secuestro o la extorsión, quienes manifestaron la condición de abandono en materia de seguridad pública en la que viven.

Plantearon además su inconformidad con el funcionamiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de los agentes del Ministerio Público y las policías estatal y municipal. La reunión se llevó a cabo a pesar de que la sede original fue cambiada de último minuto, debido a la ausencia de Plácido Valerio.

La CNDH reiteró su compromiso con las víctimas del delito, e hizo hincapié en la necesidad de que las autoridades del estado cumplan con la obligación de garantizar la seguridad personal y patrimonial de sus habitantes, a través de acciones urgentes de prevención y de la inaplazable profesionalización de los cuerpos policiacos.

El personal de esa comisión pudo constatar el abandono en materia de seguridad pública en diversos municipios de la Costa Chica y que la inconformidad de la población se centra fundamentalmente en las acciones y omisiones de las autoridades estatales y municipales.

Con base en lo anterior, reiteró su llamado a que dichas autoridades adopten acciones urgentes para garantizar a la población el derecho a la seguridad, sin delegar dicha responsabilidad en la ciudadanía, abdicar de sus funciones y aumentar los riesgos para la población.

EUGENIA JIMÉNEZ