REDACCIÓN
31 de mayo de 2016 / 07:23 p.m.

San Nicolás.- Los nueve presuntos responsables de la desaparición y muerte de 10 policías en el municipio de Apodaca, están a disposición del juzgado penal de San Nicolás, por el delito de secuestro agravado, y actualmente su proceso está en desahogo de pruebas, pero podría suspenderse para la investigación de las torturas que alegaron desde su detención, en diciembre del 2012.

Edgar Adrián Zavala Bravo, Fernando Lecea González, Jorge Gerardo Benavides Gómez, César Enrique García Rodríguez, José Guadalupe Valdez Perales, Víctor Cázares Hernández, Miguel Arturo Quiroga Montiel, Juan Carlos Ramírez Hernández y Ernesto Tadeo Mendoza, quien también se identifica como Ricardo García Urbano, permanecen recluidos en el penal del Topo Chico, desde hace tres años y medio.

Ellos fueron capturados por elementos de la Agencia Estatal como presuntos responsables de la desaparición del ex director de la policía de Apodaca y sus escoltas, a quienes se llevaron del municipio de Juárez.

En un principio, el proceso criminal que se les inició se desahogaba en el juzgado de Caderyta, pero cuando el recinto judicial despareció, el expediente se envió a la sede del Poder Judicial en San Nicolás.

En la nueva asignación, el proceso que se les sigue a Zavala Bravo y sus cómplices se acumuló a otros siete más que se les integran por diversos delitos, principalmente, secuestros y homicidios.

Actualmente, todos los casos están en desahogo de pruebas, pero trascendió que posiblemente, en lo que se refiere a la desaparición de los uniformados municipales, el expediente se suspenda, porque desde el momento de su detención los presuntos responsables alegaron haber sido víctimas de torturas.

En las primeras declaraciones que hicieron ante funcionarios del Poder Judicial, los presuntos secuestradores y homicidas aseguraron que fueron torturados por los policías que trataban de localizar a los uniformados de Apodaca, a quienes desaparecieron entre febrero y mayo del 2011, y cuyos restos óseos fueron descubiertos, apenas, la semana pasada en terrenos del ejido Las Abejas, en Salinas Victoria.

Ante esa situación, el juez que actualmente los procesa, debe investigar cómo se ordena en la reciente jurisprudencia aprobada por la Suprema Corte.