REDACCIÓN
22 de junio de 2016 / 08:06 a.m.

Monterrey.- Aunque las autoridades de Nuevo León presumen estar preparadas para operar en el Nuevo Sistema Acusatorio, el martes se llevó a cabo, con múltiples fallas de video-conferencia del Poder Judicial, la primera audiencia a distancia.

Esta se realizó dentro de la carpeta que les integran a los ex funcionarios del penal del Topo Chico, Gregoria Salazar Robles y Jesús Fernando Domínguez Jaramillo.

Ambos enfrentan cargos por homicidio calificado y otros delitos, a raíz de la masacre de 49 reos en febrero pasado.

La audiencia, que se prolongó 4 horas y 15 minutos, se programó para resolver la ampliación del plazo de cierre de investigación, que se venció el lunes 20 de junio.

Apenas inició y tuvo que suspenderse por varios minutos, debido a las deficiencias de comunicación con las autoridades de Tepic, Nayarit, donde está preso Domínguez Jaramillo.

Lo mismo pasó con el enlace con las autoridades de Jojutla, Morelos, a donde fue trasladada Gregoria Salazar.

Durante la audiencia el fiscal solicitó dos meses más de plazo, pues están pendientes diversas pruebas de por lo menos 500 indicios que recabaron el 10 y 11 de febrero, tras el incidente violento.

También alegó la dificultad para declarar a reos-testigos que fueron trasladados a penales de otros estados.

Los ex funcionarios penitenciarios y sus defensores particulares se opusieron a la petición. Advirtieron que desde su captura se habían violentado sus derechos.

Finalmente la juez de control resolvió a favor de la fiscalía, pero sólo concedió un mes de plazo para el cierre de la investigación.

La resolución fue dictada sólo ante la imagen y audio de Gregoria Salazar, pues en el caso de Domínguez Jaramillo, nunca se pudieron superar las deficiencias técnicas con respecto a la imagen.