REDACCIÓN
16 de junio de 2016 / 07:49 a.m.

Monterrey.- La Comisión de Honor y Justicia de Fuerza Civil prepara el cese fulminante de los cuatro policías que privaron de la vida a un soldador del municipio de San Nicolás, por lo que será en las próximas horas cuando dejen de ser considerados como servidores públicos estatales.

La baja de los policías Juan Carlos Serrato Linares, Juan Antonio Mejía García, Luis Fernando Romo Alcantar y Edwin Gerardo Torres Rubio se retrasó por el trámite administrativo que deben seguir en la corporación policiaca, donde laboraron hasta el transcurso del fin de semana, cuando fueron detenidos.

Trascendió que para complementar la destitución de los uniformados, los representantes de dicha Comisión solo esperan los informes oficiales de la Procuraduría de Justicia que les integra una carpeta judicial en la que quedaron vinculados a proceso por desaparición forzada de persona y delitos cometidos por servidores públicos.

Además, de la investigación que les inició por el homicidio calificado de José Hebert Carranza Flores, de 32 años, a quien asesinaron a golpes el pasado 31 de mayo y luego se deshicieron el cuerpo en una brecha del municipio de Guadalupe, donde fue descubierto hasta el 8 de junio.

La madre del soldador es la principal testigo de los hechos que protagonizaron Serrato Linares y sus cómplices, quienes se encuentran recluidos en el Cereso de Cadereyta.

En la denuncia que presentó ante el agente del Ministerio Público, la mujer aseguró que la madrugada del 31 de mayo, Juan Carlos Serrato Linares siguió a su hijo hasta el interior de su domicilio, de donde lo sacó bajo amenazas de muerte al mismo tiempo que lo amagaba con su arma larga.

Agregó que se lo llevó a golpes hasta donde tenían la patrulla estacionada y luego jamás volvió a ver ni a saber nada de José Heberth, hasta el viernes de la semana pasada, cuando localizaron su cuerpo en el lugar a donde los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones fueron guiados por los mismos policías.

Mientras, los funcionarios de Fuerza Civil preparan el cese, la Procuraduría de Justicia les integra una segunda carpeta judicial por el homicidio, por el que podrían alcanzar hasta 60 años de prisión.