MILENIO DIGITAL/EUGENIA JIMÉNEZ
5 de mayo de 2015 / 10:01 a.m.

México.- Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, señaló que la organización está preocupada por la "situación de los derechos humanos en México", y destacó que el fortalecimiento de actores como el crimen organizado o las pandillas en las Américas, han provocado que 2014 sea uno de "los peores desde la Segunda Guerra Mundial".

En la inauguración del foro Las Américas en la encrucijada: ¿más seguridad, menos derechos?, reconoció que México tiene grandes desafíos ante los miles de desaparecidos y secuestros. También destacó que en la región persiste la tortura, las desapariciones forzadas y los asesinatos extrajudiciales.

Asimismo, la discriminación contra indígenas, afrodescendientes, migrantes y la imparable violencia contra las mujeres, niños, jóvenes y personas de la diversidad sexual.

Destacó que muchas grandes ciudades de América permanecen en "un estado permanente de guerra de baja intensidad".

Sobre el caso de México, mencionó que es uno de los países de la región con mayor expansión de la delincuencia organizada. "En 93 por ciento de las causas penales examinadas hay políticos y autoridades judiciales involucradas en la red criminal. El Estado está involucrado como productor de inseguridad humana, no es un testigo pasivo".

Para el especialista, México vive una crisis de gobernabilidad y legitimidad, es un país que aún está en una transición dolorosa hacia la democracia, donde hay dinero sucio y compra de votos.

Con este foro, Amnistía Internacional inauguró su nueva oficina regional para las Américas y el Caribe, que tendrá su sede en la Ciudad de México a cargo de Erika Guevara Rosas, quien destacó que con esa sede se facilitará la investigación y se pretende que las alianzas sean más efectivas, además de fortalecerlas con los movimientos que defienden los derechos humanos.

Resaltó que la crisis de seguridad que viven varios países de las Américas, en especial con el fortalecimiento de actores no estatales, ha dado pie a nuevos tipos de conflictos sociales, que si bien no representan "conflictos de larga escala, han tenido efectos devastadores para la población civil".

Esta crisis ha estado acompañada de una respuesta estatal enfocada en la militarización de la seguridad pública y en acciones represivas hacia la ciudadanía organizada que demanda cambios de estas políticas, dijo.