REDACCIÓN
14 de junio de 2016 / 07:52 p.m.

Monterrey.- El soldador que fue víctima de desaparición forzada por parte de cuatro elementos de Fuerza Civil, sí fue asesinado a golpes, por lo que la Procuraduría de Justicia les inició una nueva carpeta judicial por el delito de homicidio calificado.

Eso se confirmó con los resultados de la autopsia que realizaron los peritos del Instituto de Criminalística al cuerpo putrefacto de José Hebert Carranza Flores, de 32 años de edad, porque establecieron que murió a consecuencia de contusión profunda de cráneo.

Ahora, los uniformados estatales Juan Carlos Serrato Linares, Juan Antonio Mejía García, Luis Fernando Romo Alcantar y Edwin Gerardo Torres Rubio, deberán enfrentar un juicio por el deceso violento del hombre, al que desaparecieron la madrugada del pasado 31 de mayo.

Al conocer los resultados de los estudios realizados por los forenses de la Procuraduría, el agente del Ministerio Publico que los investiga por los desaparición forzada de persona y delitos cometidos por servidores públicos, dio vista a su homólogo de homicidios para que les integre la carpeta judicial por el deceso violento del joven.

Carranza Flores desapareció de su domicilio ubicado en la colonia Los Nogales o Fomerrey 33, en el municipio de San Nicolás, y su madre fue la principal testigo de los hechos que denunció y que dieron como resultado la detención de los policías que desde el domingo permanecen recluidos en el Cereso de Cadereyta.

Trascendió que durante la investigación, la madre del soldador reconoció plenamente al policía Juan Carlos Serrato Salinas como la persona que irrumpió en su casa y bajo amenazas de muerte sacó a su hijo, al mismo tiempo que le apuntaba con su arma larga de cargo.

La testigo aseguró que cuestionó al servidor público estatal el motivo de su acción, pues sin darle explicaciones se llevó a su hijo a golpes hasta la patrulla que habían dejado a unas cuadras de su vivienda.

Será en las próximas horas cuando el agente del Ministerio Público de homicidios presente a los uniformados ante un juez de control para imputarles el nuevo delito.