REDACCIÓN
19 de febrero de 2016 / 08:16 a.m.

Monterrey.- Los ex directivos del penal del Topo Chico regresaron este jueves pero, ahora, como reos, ya que fueron vinculados a proceso por ser considerados presuntos responsables de abuso de autoridad y homicidio calificado por omisión, porque permitían una serie de privilegios y la "libertad" de los reos a los que mantenían en celdas sin candados.

Al pronunciarse, el juzgador ordenó que por su seguridad, el ex sub comisario en jefe de Administración Penitenciaria, Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, y la exdirectora del penal, Gregoria Salazar debían permanecer en las celdas de la Policía de Monterrey para cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, ellos pidieron ser trasladados al reclusorio argumentando que en la cárcel de Monterrey no cuentan con las condiciones necesarias y aseguraron que no corrían ningún riesgo.

Su petición fue aprobada y al concluir la audiencia de 9 horas en la que comparecieron, fueron internados.

Durante la diligencia, Domínguez Jaramillo y Gregoria Salazar negaron ser responsables de los delitos que les atribuía la Procuraduría de Justicia, porque ni siquiera se encontraban en el lugar al momento del motín y que, incluso, habían llegado a calmar la situación.

Presentaron varias pruebas documentales y un video con el que trataron de acreditar su inocencia.

Sin embargo, el fiscal que integra la carpeta judicial también presentó como pruebas la declaración de 12 reos, entre esas, la del presunto líder criminal Jorge Iván Hernández Cantú, "El credo", y la de 23 celadores.

Los reos narraron los momentos de terror que vivieron al ser atacados por unos 200 de sus compañeros liderados por Juan Pedro Saldívar, "El Z27", y los celadores confirmaron que la mayoría de las celdas están sin candados y que todos deambulan con libertad durante día y noche por el centro penitenciario.

Algunos confirmaron que se permitían privilegios, principalmente, a los líderes que encabezaron la trifulca, quienes contaban con celdas especiales y que sus superiores sabían que se disputaban el control del reclusorio.

Tras analizar las pruebas, el juez concluyó que por las permisiones que daban los imputados, el penal quedó bajo el control de dos bandos antagónicos de la delincuencia organizada que se disputaban el poder, los cual desencadenó con el motín y el desenlace fatal de la muerte de los 49 reos.

Agregó que incumplieron con los reglamentos establecidos de los centros penitenciarios y en el de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.