REDACCIÓN
16 de enero de 2017 / 06:21 p.m.

MONTERREY.- A casi un año de que se inició el proceso judicial en contra de los ex funcionarios del penal del Topo Chico acusados del homicidio de los 49 reos que murieron en el motín ocurrido en febrero del 2016, se suspendió la última diligencia programada previa al juicio final del caso, porque no fueron notificados la totalidad de los familiares de las víctimas.

Fue el juez de control, Pedro Cisneros, quien resolvió posponer la audiencia intermedia, la cual reprogramó para el próximo 30 de enero.

Aunque, no se desahogó la audiencia intermedia, en la diligencia, vía conferencia, que se prolongó 2 horas, los imputados Gregoria Robles Salazar, quien está recluida en el Cereso de Morelos; y sus coacusados Arturo Bernal González y Fernando Domínguez Jaramillo, quienes permanecen en Nayarit, alegaron que la Procuraduría de Justicia está retrasando con diversos argumentos el desahogo del juicio al que tiene derecho.