6 de febrero de 2013 / 10:18 p.m.

Luis Fernando López Capella dijo que la Procuraduría lo dejó en indefensión jurídica en la investigación que inició en su contra por un presunto enriquecimiento ilícito.

Ciudad de México • Luis Fernando López Capella, defensor del general Roberto Dawe González (preso por supuestos nexos con el narcotráfico), dijo que la PGR lo dejó en indefensión jurídica en la investigación que inició en su contra por un presunto enriquecimiento ilícito de 151 mil 417 pesos en 2003 cuando era fiscal de delitos contra la salud.

El penalista fue citado a las 11:00 horas de este miércoles en la Visitaduría de la PGR como probable responsable en la averiguación previa 018/SECCCI/05 de la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción de la Institución, la cual se abrió a partir de una acusación que pretende vincularlo con un delito que ya prescribió.

Aún cuando el cargo que se le imputa supuestamente ocurrió en 2003, la denuncia se interpuso en 2005, es decir dos años después.

Augusto Octavio Mejía, juez tercero de distrito de amparo en materia penal, concedió una suspensión definitiva para evitar que la PGR detenga a López Capella en el marco de esta indagatoria.

Sin embargo, con base en ese mismo amparo, la PGR le negó el acceso al expediente e inclusive desacató la orden del juez de entregarle al penalista una copia certificada de la averiguación previa, comentó el abogado del general Dawe, quien enfrenta proceso por presuntos vínculos con el narco con otros militares como el divisionario Tomás Ángeles Dauahare.

López Capella acusó una persecución en su contra por parte de la PGR en la pasada administración, cuando la titular era Marisela Morales, pues consideró ilógico que ocho años después se reactivara la averiguación previa.

Comentó que es ridículo el cargo de enriquecimiento ilícito por 151 mil pesos y señaló que hace 10 años, cuando era fiscal de la PGR, su salario mensual era superior a esa cantidad.

En 2003 el salario de López Capella como fiscal era de 97 mil pesos mensuales mas un bono de riesgo que percibía de 82 mil pesos por ser personal sustantivo; a esa cantidad se le sumaban viáticos por comisión de aproximadamente mil pesos diarios.

El abogado laboró en la PGR durante la administración de Vicente Fox que desempeño además de fiscal, como subdelgado en Sinaloa y Nayarit, subdelegado de asuntos especiales comisionado al Penal de máxima seguridad de Almoloya, Estado de México y renunció en 2003. La denuncia en su contra se presentó dos años después de que dejó de trabajar a la PGR.

Ignacio Alzaga