28 de febrero de 2013 / 02:30 p.m.

 La dirigente magisterial Elba Esther Gordillo determinó que los abogados Arturo Germán Rangel y José Rigoberto González Sánchez llevaran su defensa por los delitos de violación a la Ley Federal de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Uno de ellos, Arturo Germán Rangel, se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la Procuraduría General de la República; en algunos de ellos, salió de la dependencia federal denunciado penalmente o debido a investigaciones a su equipo de trabajo por irregularidades.

Germán Rangel llegó a la PGR durante la gestión de Antonio Lozano Gracia, primer procurador panista, periodo en el que participó como fiscal en el caso del homicidio del entonces candidato a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, en el que surgió la versión de un segundo tirador.

En este caso, Germán Rangel consignó a Othón Cortés Vázquez, quien fungía como chofer en la comitiva de Colosio, como probable responsable de participar en el crimen junto con Mario Aburto Martínez, hasta entonces único señalado.

El 7 de agosto de 1996, un juez absolvió a Cortés Vázquez al considerar que las pruebas aportadas eran inconsistentes, por lo que éste demandó por daños y perjuicios a Germán Rangel, aunque el recurso no procedió en dos instancias judiciales ni en la Suprema Corte de Justicia.

Germán Rangel salió de la PGR en 1996 y hasta 2009 regresó a la dependencia como subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales, durante el periodo que Arturo Chávez Chávez era el titular de la Procuraduría General de la República en el gobierno de Felipe Calderón.

En este lapso, participó en la investigación contra la ex subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Purificación Carpinteyro, acusada del delito de revelación de secretos, por presuntamente espionar y extorsionar a Luis Téllez, quien en una grabación menciona una supuesta partida secreta de la familia Salinas de Gortari robada durante la Presidencia.

En este cargo, -último en el gobierno-, Germán Rangel permaneció hasta abril de 2010, ya que su salida se dio entre denuncias contra varios jefes de unidades especiales y directivos de la dependencia federal por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, extorsión y cohecho.

Como abogado, Germán Rangel ha tomado casos polémicos como el del empresario Fernando García Zalvidea, quien en noviembre de 1998 fue ingresado a un penal acusado de lavado de dinero para el Cártel de Juárez en Cancún, Quintana Roo; tras 16 meses de proceso quedó libre.

Además, el abogado fungió como apoderado legal de la empresa Promoeventos Deportivos y Sociales Queretanos cuando ésta se encontraba bajo investigación por presunto lavado de dinero.

De igual forma, Germán Rangel continuó litigando en diversos casos, incluso algunos de ellos con su antiguo jefe de la PGR, Antonio Lozano Gracia, aunque éste descartó que el defensor de la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sea parte de su despacho de trabajo.

“Arturo Germán participó en la PGR en la época de mi administración, es absolutamente correcto; también es correcto que hemos trabajado en algunos temas después de aquel entonces, aunque no hemos sido socios”, explicó en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva.

El titular de la PGR durante el gobierno de Ernesto Zedillo reiteró que tanto él como Germán Rangel cuentan con su propio despacho, debido a que durante la tarde de este miércoles versiones señalaban que el litigante de Gordillo pertenecía al equipo de trabajo del ex procurador.

Durante la administración de Lozano Gracia, se siguieron los casos de los asesinatos de Juan Jesús Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, para los que designó a José Pablo Chapa Bezanilla como Fiscal Especial para continuar con las investigaciones.

Posteriormente, Chapa Bezanilla fue acusado de diversos delitos por la siembra de una osamenta en la finca El Encanto ubicado en Cuajimalpa y propiedad de Raúl Salinas de Gortari, para incriminar al hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari en la muerte de Ruiz Massieu.

José Rigoberto González Sánchez, segundo defensor de Gordillo, fue uno de los abogados que sacó de prisión al ex fiscal especial, a través de un amparo definitivo que consiguió en contra del delito de asociación delictuosa que posteriormente le daría la libertad.

— JOSÉ ANTONIO BELMONT Y RUBÉN MOSSO