29 de abril de 2014 / 09:59 p.m.

Ecuador.- El presidente Rafael Correa lanzó el martes una advertencia a los indígenas de una comunidad con la tácita acusación de estar encubriendo a tres opositores que están prófugos tras ser sentenciados a penas de prisión acusados de injuriar al mandatario.

En declaraciones a periodistas, Correa señaló que la comunidad de Sarayacu "está haciendo pura y simple politiquería, actúan como si tuviéramos un Estado dentro del Ecuador".

"Aquí hay que respetar el estado de derecho, una sentencia de los tribunales del Ecuador", dijo el mandatario en referencia a esa comunidad indígena ubicada en la amazonía central del país.

"Lo que suceda será culpa de la comunidad y de los tres sentenciados que en lugar de cumplir con su condena se van a refugiar entre dirigentes politiqueros", afirmó.

Correa se refirió así al asambleísta opositor Cléver Jiménez, del partido Pachakutik, a su asesor Fernando Villavicencio, y al exdirigente de los médicos Carlos Figueroa. Los dos primeros sentenciados a mediados de abril por injurias contra el presidente a 18 meses de cárcel y el último a seis meses, además en conjunto deben pagar 145.000 dólares.

En cuanto se notificó la decisión de última instancia de la Corte Nacional de Justicia, Jiménez y Figueroa desaparecieron en la selva del sur del país, pero esta fin de semana se conoció que estaban en Sarayaku, en el centro de la amazonia. Luego se juntó Villavicencio.

El mandatario ecuatoriano pidió a los dirigentes de Sarayaku "ojalá reflexionen de esta actitud audaz y peligrosa para el Estado. ¿Quién ha determinado que la comunidad de Sarayacu tiene supremacía moral sobre los derechos de los demás?".

Añadió que "se creen por encima de la Ley de las cortes, buscan que el Estado reaccione a ver si hay muertos, violencia, para tener un pretexto para pedir que se caiga el gobierno".

La comunidad de Sarayaku tiene un antecedente de lucha en contra de la explotación de petróleo. A finales de la década de 1990 impidió la explotación y llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el 2012 emitió una sentencia responsabilizando al estado por no haber realizado una consulta previa antes del intento de explotación.

Esa Corte también dictó medidas cautelares entre las que están la prohibición del ingreso de la fuerza pública y militarizar la zona de Sarayaku.

AP