MILENIO DIGITAL
7 de noviembre de 2017 / 05:18 p.m.

ESPECIAL.- Rubén Ramírez Cárdenas, de 47 años y de los cuales ha pasado 20 en prisión, es originario de Irapuato, en Guanajuato, y fue sentenciado a la pena capital este miércoles, a las 18:00 horas locales en la cámara de la muerte, en Huntsville, Texas.

Cárdenas es acusado de violar y matar a su prima hermana Mayra Azucena Laguna, de 16 años, el 22 de febrero de 1997 en la comunidad de Edinburg, en el sur de Texas.

Tras el asesinato de la joven, agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Hidalgo interrogaron por varias horas a Cárdenas, quien se presentó voluntariamente a declarar luego que los padres de la joven informaron a las autoridades la desaparición de su hija.

Más tarde, Cárdenas fue informado que quedaba en arresto por cargo de homicidio.

Sin embargo, el acusado no fue informado de su derecho para recibir la asesoría del personal del Consulado de México, como lo obligan los tratados internacionales.

Ante ello, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores promovió acciones para evitar la ejecución al argumentar que se violaron sus derechos al no permitirle el apoyo consular, privándolo de una ayuda legal que pudo haber cambiado el castigo que recibió.

Es de recalcarse que Cárdenas se mantuvo por una semana sin abogado y el consulado de México, en McAllen, se enteró cinco meses después de la situación del guanajuatense.

En 2004, la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ), máxima instancia judicial de las Naciones Unidas, ordenó al estado revisar los casos de 51 mexicanos sentenciados a pena de muerte, ya que sus garantías individuales fueron violadas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el mes pasado medidas cautelares para Cárdenas Ramírez, requiriendo a Estados Unidos que adoptara las medidas necesarias para proteger su vida e integridad personal.

De llevarse a cabo la pena máxima, Cárdenas se convertirá en el décimo reo mexicano en ser ejecutado en Texas, desde que ese país reactivó la aplicación de la pena de muerte en 1976.


pjt