16 de agosto de 2014 / 02:42 a.m.

Texas.- Un jurado de investigación acusó el viernes de abuso de poder a Rick Perry por amenazar con vetar los recursos para fiscales estatales que investigaban posibles actos de corrupción, lo que convierte al posible aspirante a la presidencia de Estados Unidos para 2016 en el primer gobernador de Texas en ser procesado en casi un siglo.

Un fiscal especial pasó meses interrogando a testigos y acumulando pruebas de que Perry quebrantó la ley cuando prometió públicamente que negaría la asignación de 7.5 millones de dólares en dos años a la unidad de integridad pública, que dirige la fiscal Rosemary Lehmberg, del condado de distrito de Travis.

Lehmberg fue condenada por manejar en estado de ebriedad, pero rechazó los exhortos de Perry a renunciar.

La consejera general del gobernador, Marry Anne Wiley, defendió la actuación del gobernador.

"El veto en cuestión se ejerció de conformidad con la facultad que tiene el gobernador para vetar de acuerdo con la constitución de Texas", dijo. "Seguiremos defendiendo agresivamente la medida, constitucional y apegada a derecho, y creemos que ganaremos".

La oficina que Lehmberg supervisa es la misma que encabezó las investigaciones contra el republicano de Texas Tom DeLay, ex líder de la mayoría en la Cámara de Representantes y quien en 2010 fue condenado a prisión por lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero como parte de un plan para influir en las elecciones de su estado natal.

Varios asistentes de alto nivel del gobernador se presentaron ante jurados de investigación en Austin, entre ellos su subjefe de gabinete, su director legislativo y el asesor general. Perry no fue llamado a declarar.

El gobernador fue acusado de abuso de capacidad oficial y coerción por parte de un servidor público, por un jurado de Austin. La pena máxima que podría recibir por el primer cargo es de 99 años de prisión, por la segunda recibiría una sentencia de dos a 10 años.

Nadie niega que Perry tiene la capacidad para vetar medidas aprobadas por la legislatura, incluyendo parte o todo el presupuesto estatal. Pero la organización de rendición de cuentas de filiación izquierdista Texanos por la Justicia Pública presentó una queja en la que acusa al gobernador de coerción ya que amenazó con usar el veto y lo hizo como un método para presionar a Lehmberg a renunciar.

"Nos complace que el jurado de investigación decidiera que el acoso del gobernador fue un exceso y se convirtió en una conducta ilegal", dijo Craig McDonald, director ejecutivo de la organización. "La queja tiene sustento, hubo una presunta violación de importantes leyes".

Michael McCrum, el fiscal especial con sede en San Antonio, dijo que tomó "en consideración el hecho de que estamos hablando del gobernador de un estado, y un gobernador del estado de Texas, al que todos queremos".

En el poder desde el año 2000, Perry es el gobernador que tiene más tiempo en el cargo en la historia de Texas y ha anunciado que no buscará su reelección en noviembre. Pero la investigación penal podría dañar su futuro político ahora que sopesa la posibilidad de postularse nuevamente como candidato a la presidencia tras fracasar en su intento de 2012.

McCrum dijo que se reunirá el lunes con el abogado de Perry para discutir cuándo deberá acudir a la corte para iniciar el proceso. McCrum dijo desconocer cuándo será fichado Perry.

Cuando se le preguntó por qué nunca habló personalmente con el gobernador, McCrum respondió: "Es la discreción como fiscal que tengo".

La unidad de integridad pública investiga acusaciones de corrupción e irregularidades políticas. Perry dijo que no permitiría que el estado de Texas diera recursos a la unidad mientras Lehmberg la dirigiera.

Perry dijo que Lehmberg, que reside en Austin, debería renunciar tras ser arrestada y declararse culpable de manejar alcoholizada en abril de 2013. Una grabación en video hecha en la cárcel mostró a Lehmberg gritándole a los policías que llamaran al jefe, pateando la puerta de la celda y sacando la lengua.

Lehmberg cumplió casi la mitad de su sentencia de 45 días pero se mantuvo en el cargo pese a las afirmaciones de Perry en el sentido de que su conducta fue inapropiada.

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AP